El juez investiga la compra del edificio que alberga la sede de la Consejería de Agricultura por parte del Gobierno Balear por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho, según la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, personada en el caso como acusación particular.

Catany mantuvo durante el careo que Gabriel Cañellas cobró nueve millones de pesetas, según le habían contadoAndreu Roig y José Salvá, sus dos socios en Inmobiliaria Mediterránea, la sociedad que medió en la compra del inmueble investigada por el juez. Roig lo negó "taxativamente", según explicó el propio Roig ante los medios informativos tras finalizar el careo.

Hoy debía declarar también ante el juez, en calidad de imputado, Gabriel Cañellas, pero la duración de las diligencias practicadas por el magistrado obligó a postergar la comparecencia hasta el día 20 de diciembre.

El Ejecutivo balear adquirió l inmueble en marzo de 1991 por casi 800 millones de pesetas a la empresa EDISALAM. Se da la circunstancia de que Roig era entonces socio de Cañellas en la empresa promotora Es Sementé.

Por su intermediación en la operación, Salvá y Roig cobraron 40 millones de pesetas. Catany explicó en una anterior comparecencia ante el juez como testigo y en el careo de hoy que a él le dijeron que la comisión ascendía a veinte millones, de los cuales nueve eran para Cañellas. Al conocer que el montante de la comisin era mayor, Catany interpuso una querella contra Roig y Salvá.

El representante legal de IU, Jaime Bueno, explicó ante los medios informativos tras finalizar el careo que "las declaraciones han sido trascendentes y no atribuibles al enfrentamiento entre dos socios". Bueno denunció públicamente "las presiones a las que se ve sometido Catany".