Esta medida fue ratificada por el nuevo Gobierno socialista en el real decreto sobre la estructura orgánica de Fomento del pasado 18 de junio, encomendando las competencias de defensa de los usuarios del transporte aéreo a la Dirección General de Aviación Civil.

Según informaron a Servimedia fuentes oficiales, Alvarez- Cascos decidió asumir directamente estas tareas, que antes desempeñaba el Instituto Nacional del Consumo (INC), trasintervenir éste con motivo de una denuncia por posibles irregularidades en la publicidad de varias compañías aéreas.

La Unión de Consumidores de España (UCE) denunció el pasado 12 de mayo a las aerolíneas Iberia, Spanair y Air Europa por facturar a los usuarios desde el 1 de enero de 2004 un cargo adicional en concepto de emisión de billetes.

Según UCE, se trata de una "concertación" entre las tres compañías para fijar los mismos precios, que habían subido una media del 30% hasta mayo de 2004. Las denuncias fueronpresentadas ante el Instituto Nacional de Consumo y el Servicio de Defensa de la Competencia.

En la primera, la asociación solicitaba a Consumo la incoación de un expediente sancionador a las tres compañías por "la inclusión de prácticas abusivas en sus contratos y enriquecimiento injusto", y reclamaba una "acción judicial de cesación contra las mismas".

En la segunda denuncia, UCE reclamaba a Competencia la incoación de un expediente sancionador contra Iberia, Spanair y Air Europa "por restringir la libre competencia en el sector del transporte aéreo, mediante un acuerdo concertado de prácticas comerciales y de precios, con el consiguiente perjuicio de consumidores y usuarios".

ILEGALIDAD

La asociación de consumidores justifica sus denuncias en la ilegalidad que supone cobrar por emitir un billete aéreo, "cuya tenencia es una obligación legal para el usuario, en tanto que supone un título acreditativo impuesto por la compañía".

A juicio de UCE, estas maniobras responden a la intención de Iberia, seguida posteriormente por Spanair y Air Europa, de "blindar la competencia" para protegerse de las compañías de bajo coste.

UCE hizo extensivas estas prácticas de "oligopolio" a las campañas promocionales realizadas por Iberia y Spanair durante los primeros meses de 2004. Según su portavoz, Dacio Alonso, la asociación recibió denuncias de usuarios que no encontraban las tarifas presentadas en la publicidad.

"Es profundamente sospechoso el hecho de que sean las propias compañías quienes gestionan las ofertas, que parecen destinadas a simular de forma virtual y engañosa que se está compitiendo en un mercado libre", apuntó Alonso.

A comienzos de 2005, UCE y la Federación de Consumidores en Acción (Facua) volvieron a denunciar a las tres aerolíneas ante Competencia por elevar en términos similares la tasa por emisión de billetes (entre dos y diez euros, según la distancia del viaje).

Fuentes del Tribunal de Defensa de la Competencia señalaron a Servimedia que la denuncia presentada por UCE la primavera pasada todavía está en fase de instrucción por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Las mismas fuentes señalaron que el Servicio tiene un año de plazo, por lo que podría no enviar su dictamen al Tribunal hasta mediados de este año.

Por su parte, Fomento no ha precisado a Servimedia en qué estado se encuentra la denuncia presentada por los consumidores contra las tres aerolíneas que tramita Aviación Civil, pese a los reiterados intentos realizados en los últimos días.