Alvarez Cascos explicó que el Ejecutivo anterior "pretendía crear una zona de impunidad bajo el epígrafe de actos políticos". "Pues bien, nosotros, en el proyecto de ley de jurisdicción contencioso-administrativa, queremos que todos los actos del Gobierno sean controlados por los jueces".

Agregó además que hasta que empiece a entrar en vigor esta ley, el Gobierno guardará "exactamente el mismo espíritu y la misma actitud que estamos propugnado" con esta nueva normativa.

Sobre la decisión del Supremo de pedir al Gobierno algunos de los 'papeles del Cesid', Cascos señaló que se va a cumplir, pero descartó que esto ponga en cuestión la decisión política de no desclasificarlos que el Gobierno tomó en agosto.

"Nosotros tomamos una decisión política, que es el ámbito de competencias del Gobierno, y esa decisión es inamovible. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación, asumimos nuestra responsabilidad política", agregó.

"Ahora, s una instancia judicial o un poder independiente, el Poder Judicial, decide que la decisión política del Gobierno desde el punto de vista judicial no es una decisión procedente, pues el acuerdo en sede judicial afectará a la desclasificación de los papeles", dijo.