Esta actuación judicial fue promovida por Izquierda Unida, que presentó una denuncia el pasado 23 de septiembre contra Gabriel Cañellas y el Consejo de Gobierno que regía Baleares en 1.991 por autorizar dicha compra, al considerar que el entonces presidente regional primó los intereses de sus amigos por encima del bien público.

El Gobierno balear pagó 749 millones de pesetas a EDISALAM por el edificio que actualmente alberga la sede de la Consejería de Agricultura. En laoperación intervinieron tres agentes inmobiliarios que cobraron comisiones por un total de 40 millones de pesetas. Uno de ellos fue Andrés Roig, socio de Gabriel Cañellas en la empresa urbanizadora Es Sementé.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares instruye en estos momentos tres asuntos de presunta corrupción en los que Gabriel Cañellas figura como implicado.

Se trata de la investigación por la concesión del "túnel de Sóller", por el supuesto pago de comisiones al PP por parte del construcor que resultó adjudicatario de la obra; el "caso Calviá", por la supuesta implicación de la dirección del PP balear en el intento de soborno de un concejal de Calviá para que propiciara el derribo del alcalde socialista de la localidad, que se oponía a una operación urbanística; y el "caso Agricultura", que ahora también entra en la vía judicial.