Catany declaró ayer ante el juez como testigo y, según Perera, contó que alguno de sus dos socios en la inmobiliaria que mediaba en la operación le dijo que Cañellas había cobrado 9 millones de pesetas.

Esta afirmación se habría producido, según Catany, en el momento en el que los tres socios se repartían los 20 millones de comisión por aber mediado entre la empresa vendedora del edificio, Edisalan, y el Gobierno balear.

Según el letrado, Catany afirmó también que "no les había (a sus socios) creído porque pensaba que era una escaramuza para no darle el dinero" que le correspondía. Perera restó credibilidad a la declaración del testigo, que calificó de "inverosímil", y afirmó que no había perjudicado "en nada" a su cliente.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares investiga la compra de la sede de la Consejería de Agricultur por parte del Gobierno balear en 1991 por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.

El Ejecutivo pagó casi 800 millones de pesetas a Edisalan. Según IU y el Partido Socialista de Mallorca, personados como acusación particular, en la operación pudieron primarse intereses privados por encima de los públicos.

En la operación habrían participado Catany, José Salvá y Andreu Roig, éste último socio de Cañellas en 1991 en una empresa inmobiliaria. Catany interpuo una querella contra Roig y Salvá por considerar que no le dieron su parte de la comisión.