Armas mortíferas que en el 98% de los casos provocan víctimas civiles Jorquera recuerda que las bombas de racimo, también conocidas como bombas de fragmentación o de dispersión, "son las armas convencionales más mortíferas que existen".

Como prueba de su carácter indiscriminado recuerda que "según los estudios de las ONG, el 98% de sus víctimas son civiles y, de ellas, el 40% son niños".

En este sentido, añade que según el último informe de la organización Hándicap International, "hasta el momento se utilizaron en todo el mundo 360 millones de estas bombas, que pueden contener hasta 300 submuniciones y que amenazan a 400 millones de personas".

"Entre el 5 y el 30% de las submuniciones", añade, "no llegan a estallar y pueden permanecer activas hasta 40 años, lo que las convierte en una arma mortífera para la población civil".

Recuerda también que, según el estudio de Hándicap International, "oficialmente las muertes causadas por las bombas de racimo se elevan a más de 13.000, aunque la cifra podría llegar hasta las 100.000 personas debido a falta de información".

En la actualidad, más de 30 países fabrican este tipo de armamento que se distribuye en más de 70 estados y que fue utilizado en una veintena de países, como Afganistán, Irak, Chechenia o el Líbano.

EMPRESA PÚBLICA

En este sentido, el senador del BNG denuncia que entre el grupo de países que fabrican estas armas mortíferas figura España, en concreto con empresas como Instalaza y Explosivos Alaveses Sociedad Anónima (Expal).

Jorquera considera que "es especialmente grave el segundo caso, ya que se trata de una empresa pública: forma parte del grupo Unión Española de Explosivos (UEE), que a su vez está integrada en el conglomerado Defensa y Exportación (DEFEX), un consorcio cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% de las acciones.

El senador del BNG recuerda que, en febrero de 2007, la Coalición contra las Bombas de Racimo logró impulsar el Proceso de Oslo, una iniciativa lanzada en la capital noruega para lograr la prohibición total de las bombas de racimo en todo el mundo y en la que participan más de 137 gobiernos, pero no los principales estados fabricantes y exportadores: Rusia, China y Estados Unidos.

En cuanto a España, Jorquera reconoce que se sumó desde elinició a la iniciativa del Proceso de Oslo pero lamenta que "su postura no es favorable a la prohibición total, defendiendo que se permitan las bombas con un menor margen de error".

A este respecto, el senador nacionalista demanda al Gobierno "un compromiso claro e inequívoco con la prohibición total de bombas de racimo, sin excepciones, porque no se trata de salvar las bombas, sino de proteger a la población civil y de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos".

Entretanto, le propone que adopte alguna medida unilateral contra este tipo de armamento, como las que ya aprobaron Bélgica o Austria, como la prohibición o moratoria de fabricación, exportación o compra, o la destrucción de los stocks.

Por último, el senador del BNG le pide al Gobierno información sobre el comercio, fabricación, exportación y existencias de las bombas de racimo en el Estado español y le pregunta por la postura que va a adoptar en la próxima reunión del Proceso de Oslo, prevista para el mes que viene de febrero en Nueva Zelanda.