Asimismo, el juez ordena la intervención y administración judicial del Atlético de Madrid, que pasará a ser gestionado por el inspector de finanza del Estado Luis Manuel Rubí Blanc, que en su día se hizo cargo, por orden judicial, del Pazo Bayón y fue también ex director general del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Rubí Blanc, que se hará cargo de la administración del Atlético de Madrid de forma indefinida, deberá presentar un primer informe antes del 31 de marzo. Con su nombramiento, todo el Consejo de Administración del club deportivo queda destituido mientras dura la investigación que dirige Manuel García-Castellón, según informaron hoy fuetes jurídicas.

Asimismo, explicaron que el administrador judicial no puede nombrar un nuevo consejo de administración, aunque asuma todas sus funciones, si bien puede pedir el nombramiento de un equipo de colaboradores de la Agencia Tributaria para que le ayuden con el trabajo, que incluye, además de estudiar las cuentas y gestionar los bienes del club, la compraventa de jugadores.

El juez ha ordenado también la intervención y bloqueo de todas las cuentas y saldos tanto en metálico como bancariosdel Atlético de Madrid S.A.D. y de Promociones Futbolísticas S.A.D, así como las cajas de seguridad.

García-Castellón ha tomado todas estas medidas contra Jesús Gil y su equipo directivo, a petición del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Carlos García Castresana. El juez argumenta que no existe otra forma de evitar las supuestas conductas delictivas del presidente del Atlético de Madrid y su equipo "si no es sustituyendo a los actuales administradores" del club deportivo "por otro que responda irectamente de su gestión ante la autoridad judicial".

El juez, que levantó el secreto del sumario sobre la gestión del Atlético de Madrid el pasado 18 de diciembre, considera que hay indicios de que "Jesús Gil y Gil y los demás querellados han defraudado, o se han apropiado indebidamente, desde 1992 de al menos 8.690 millones de pesetas, cantidad que presumiblemente puede incrementarse hasta los 9.420 millones".

FALSOS ACCIONISTAS

Igualmente, considera, igual que el fiscal encargado del caso, ue Gil y los demás querellados defraudaron dicha cantidad "en sucesivas operaciones para las que se han servido del Club Atlético de Madrid S.A.D., a pesar de no pertenecerles; para lo cual han usurpado la condición de principales accionistas y administradores del club que nunca les correspondió legalmente".

Además, cree que los querellados "han falsificado la documentación contable y mercantil que les ha permitido mantener durante más de siete años la ficticia titularidad formal de la entidad, mientrs aprovechaban dicha posición para vaciar patrimonialmente el club deportivo y enriquecerse a costa de los socios y del erario de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social".

Concretamente, considera que hay indicios de que Gil consiguió mediante engaños que Hacienda le exonerara de pagar 2.392.395.199 pesetas y que la Seguridad Social le eximiese de hacer efectivo 144.683.810 pesetas, cantidades que fueron pagadas por la Liga de Fútbol Profesional.

Asimismo, sostiene que con su actuación Gil cusó perjuicio patrimonial y deportivo a otros equipos de fútbol "que se vieron abocados indebidamente al descenso de categoría, en algunos casos, en otros perdieron el derecho de ascender de categoría que le correspondía; y en otros, finalmente, quedaron excluídos de las competeiciones internacionales en las que tenían derecho a haber participado".

CITACIONES

Según informaron hoy fuentes jurídicas, está previsto que el próximo 30 de diciembre comparezcan ante el juez cuatro extranjeros que fueron fihados como jugadores, cuando en realidad no lo eran.

El auto de García-Castellón explica que en enero de 1998, Jesús Gil y Gil debía al Atlético de Madrid 2.700.000.000 pesetas y que para saldar la deuda él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores. De éstos, sólo uno respondía a tal categoría, el resto son un senegalés en paro, un angoleño que ha pedido asilo y refgio en España y un joven brasileño.

Asimismo, está previsto que el día 10 de enero y sucesivos comparezcan Jesús Gil y Gil y los demás querellados, a excepción del ex abogado del alcalde de Marbella José Luis Sierra, salvo que se considere necesario tras la declaración de los anteriores, según fuentes jurídicas.

EL PRIMER CAPITULO

García-Castellón instruye el proceso iniciado con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Atlético de Madid y alcalde de Marbella, Jesús Gil, así como contra otras seis personas más, a quienes acusa de un presunto delito de estafa de más de 4.000 millones de pesetas.

Entre los acusados por este departamento se encuentran, además del propio alcalde de Marbella, el hijo de éste, Miguel Angel Gil Marín; el ex teniente de alcalde de Marbella Pedro Román y Enrique Cerezo, socio mayoritario junto a Jesús Gil del Atlético de Madrid S.A.D.

En la querella presentada ese día por el fiscal se denuncia la "grav defraudación de más de 4.000 millones de pesetas que ha producido una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional".

Asimismo, continúa el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, la presunta estafa "ha causado un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas físicas y jurídicas en un número muy importante".