Mañana, los abogados de las partes y las acusaciones propondrán las medidas cautelares contra los dos Gil y Cerezo que consideren oportunas al juez García-Castellón.

El instructor del caso contra Jesús Gil no quiso tomar ninguna medida cautelar contra estos tres imputados cuando el fiscal anticorrupción encargado del caso, Carlos Castresana, se lo propuso, por considerar que debía escuchar antes a todos los implicados y a los testigos.

Así, por el despacho de García-Castellón hn desfilado, entre otros, los propios Jesús Gil y sus hijos Miguel Angel y Jesús, Enrique Cerezo, el auditor de cuentas del Atlético de Madrid Pablo de Castro, el contable Luis Gonzalo Pérez y el ex gerente del club rojiblanco Clemente Villaverde.

También comparecieron ante el juez el contable de Jesús Gil y Gil, Francisco José Alarcón, los ex secretarios de Estado para el Deporte Javier Gómez Navarro y Rafael Cortés Elvira, así como el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Antonio Baró.

Tdos ellos declararon en relación al proceso que instruye el juez García Castellón y que se inició con la querella presentada el pasado 27 de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil y otras seis personas más. En este caso se encuentran también imputados, entre otros, Pedro Román, teniente alcalde de Marbella, y Clemente Villaverde.

El juez investiga los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y otros delitos societarios cometidos por Jeús Gil y Gil y otros administradores del club. la Fiscalía Anticorrupción cifra en 9.427 millones de pesetas el presunto fraude cometido.

LA GESTION QUE SE INVESTIGA

El juez mantuvo el secreto del sumario hasta el pasado 18 de diciembre. Cuatro días más tarde dictó un auto por el que destituía a todo el Consejo de Administración del Atlético de Madrid y sostiene que hay indicios de que "Jesús Gil y Gil y los demás querellados han defraudado, o se han apropiado indebidamente, desde 1992 de al menos 8690 millones de pesetas, cantidad que presumiblemente puede incrementarse hasta los 9.420 millones".

En su auto, García-Castellón considera, igual que el fiscal Castresana, que Gil y los demás querellados defraudaron dicha cantidad "en sucesivas operaciones para las que se han servido del Club Atlético de Madrid S.A.D., a pesar de no pertenecerles; para lo cual han usurpado la condición de principales accionistas y administradores del club que nunca les correspondió legalmente".

Además, cree que os querellados "han falsificado la documentación contable y mercantil que les ha permitido mantener durante más de siete años la ficticia titularidad formal de la entidad, mientras aprovechaban dicha posición para vaciar patrimonialmente el club deportivo y enriquecerse a costa de los socios y del erario de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social".

Concretamente, considera que hay indicios de que Gil consiguió mediante engaños que Hacienda le exonerara de pagar 2.392.395.199 pesetas y que la Seguidad Social le eximiese de hacer efectivo 144.683.810 pesetas, cantidades que fueron pagadas por la Liga de Fútbol Profesional.

Asimismo, sostiene que con su actuación Gil causó perjuicio patrimonial y deportivo a otros equipos de fútbol "que se vieron abocados indebidamente al descenso de categoría, en algunos casos, en otros perdieron el derecho de ascender de categoría que le correspondía; y en otros, finalmente, quedaron excluídos de las competeiciones internacionales en las que tenían derecho a hber participado".

Según García-Castellón, siguiendo la tesis del fiscal Castresana, en enero de 1998 Jesús Gil y Gil debía al Atlético de Madrid 2.700.000.000 pesetas y para saldar la deuda él y su hijo otorgaron cuatro contratos por los que Promociones Futbolísticas (Gil padre) cedía al club (Miguel Angel Gil) los derechos económicos y de imagen de los cuatro jugadores.

De los cuatro jugadores, sólo uno respondía a la categoría de jugador profesional (Abass Muyiwa Lawal), el resto eran en realidd, según el auto del juez, un senegalés en paro (Limamou Mbengue), un angoleño que había pedido asilo y refugio en España (Bernardo Matías Djana) y un joven brasileño (Maximiliano de Oliveira).

Todos ellos fueron valorados por el Atlético de Madrid en 2.700 millones de pesetas más IVA, cuando en realidad pagó 290 millones por Limamou Mbengue, 350 millones por Bernardo Matías Djana, 1.100 por Maximiliano de Oliveria y 1.000 por Abass Muyiwa Lawal.

DESTITUCION FULMINANTE

En este auto, García-Castllón decretó la intervención, secuestro y embargo de las acciones del Club Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D) y que representan el 94,5% del capital social de la entidad, cuya titularidad pertenece a Jesús Gil y Gil y a Enrique Cerezo.

Asimismo, el juez ordenó la intervención y administración judicial del Atlético de Madrid, que pasará a ser gestionado por el inspector de finanzas del Estado Luis Manuel Rubí Blanc.

García-Castellón decretó también la intervención y bloqueo de tdas las cuentas y saldos tanto en metálico como bancarios del Atlético de Madrid S.A.D. y de Promociones Futbolísticas S.A.D, así como las cajas de seguridad.

García-Castellón tomó todas estas medidas a petición del fiscal, argumentando que no existe otra forma de evitar las supuestas conductas delictivas del presidente del Atlético de Madrid y su equipo "si no es sustituyendo a los actuales administradores" del club deportivo "por otro que respondadirectamente de su gestión ante la autoridad judicial.