El director de la oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea, Dick Oosting, puso sobre la mesa la preocupación de las ONG ante los resultados de la Conferencia de Rabat.

Según denunció, hay una clara diferencia entre los objetivos de los países europeos y de los africanos. "Desde Europa interesa mantenerlos alejados y desde África lo que quieren es ayuda humanitaria", explicó. "Esta situación de desencuentro inevitablemente tiene consecuencias sobre los derechos humanos", lamentó.

En este sentido, advirtió de que lo urgente es abordar una política de derechos humanos con visión a largo plazo. También conocer por qué situación atraviesan los inmigrantes hasta que llegan a los países de destino y cómo son antendidos una vez alcanzan su objetivo.

Sobre la realidad de la inmigración en España, Oosting subrayó que el Gobierno español, al igual que la Unión Europea, deben cambiar de actitud y abrir canales legales donde los derechos humanos estén en la base de todos los procedimientos.

Amnnistía Internacional también abordó los últimos casos de muertes de inmigrantes en la valla de Melilla, una cuestión sobre la que Itziar Ruiz-Giménez, experta de AI en refugiados e inmigración, reclamó al Gobierno español una investigación "exhaustiva e independiente".

Ruiz-Giménez explicó que la forma en que se está intensificando el cierre de fronteras ha provocado un desplazamiento de las rutas hacia las costas de Canarias, donde ya han llegado más de 10.000 personas.

Denunció que el Gobierno español no indentifique si entre ellos pueden encontrarse refugiados que han abandonado su país por motivos de violación de derechos humanos. También que no se garantice su asistencia letrada o su asistencia social y derecho a la salud.

Otra preocupación de Amnistía se refiere a los acuerdos de readmisión que está llevando a cabo el Gobierno español. Sobre esta cuestión, recordó que nunca debe devolverse a nadie a un país sin que los derechos humanos estén garantizados. "La responsabilidad del Gobierno español es directa si se devuelve a alguien a un lugar donde se violen los derechos humanos", aseveró Ruiz-Giménez.