Para el director de la ANA, José Ramón Zurdo, algunas de estas fórmulas “son legales, pero otras no lo son, porque por mucho que a un contrato de arrendamiento le denominemos como de temporada, de oficina, de uso distinto a vivienda, turístico o industrial, si la finalidad con la que el arrendatario va a usar el espacio alquilado es residir habitualmente con vocación de permanencia y este cuenta con las condiciones necesarias para poder ser habitable, estaremos ante un arrendamiento de vivienda, aunque la denominación que le demos al contrato sea otra”.

Entre estas figuras al alza, la ANA destacó el alquiler de temporada, porque a este tipo de arrendamientos “no se les aplican las normas tan restrictivas que impone a los arrendadores” la Ley de arrendamientos urbanos (LAU) y la nueva Ley de Vivienda.

Según explicó Zurdo, este tipo de arrendamientos no se puede utilizar cuando los arrendatarios alquilen las viviendas para residir de forma habitual con carácter de permanencia. “Solo en los supuestos en los que se pueda justificar la temporalidad de los inquilinos en las viviendas su uso sería legal. En cambio, no sería legal el uso de esta figura arrendaticia, cuando el arrendamiento de temporada esté encubriendo un alquiler tradicional”, añadió.

Otra vía que algunos propietarios encuentran para escapar de algunas obligaciones legales es la de apostar por el alquiler de habitaciones, lo que es legal, salvo que sea con miembros de una misma familia que conviven entre sí. En cambio, la ANA avisó del aumento del alquiler turístico que, además, suele ser en condiciones de irregularidad.

Por otra parte, advirtió de que está proliferando el alquiler de despachos y locales profesionales como vivienda habitual, especialmente en la periferia de grandes núcleos urbanos. Ello solo es legal si además de residir, el inquilino realiza su actividad profesional en la casa.

Finalmente, denunció el aumento del alquiler de viviendas de forma ilegal, así como del auge de la constitución de usufructos temporales para arrendar viviendas para saltarse los plazos de duración que establece la LAU y la ley de Vivienda.