Según explica ALA, estos costes ascienden a 140 millones de euros derivados de los servicios de prevención, higiene y seguridad sanitaria gestionados por Aena a lo largo de 2020 y 2021 en la llegada de vuelos internacionales de las diferentes infraestructuras aeroportuarias.

La patronal aérea denuncia que esta cuantía afecte a los usuarios, ya que se traduce en una mayor presión tarifaria o, como en este caso, en un freno en la rebaja tarifaria, en un momento donde aminorar la carga tarifaria puede ser clave para favorecer la recuperación del sector tras varios años marcados por la pandemia.

La Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 establece en su disposición adicional primera que los costes en los que incurra Aena por los conceptos anteriormente citados que no se cubran vía subvenciones u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor aeroportuario se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose por tanto a las compañías aéreas.

Hoy en día, el Gobierno ha optado por no asumir este gasto, por lo que Aena se lo repercute a las compañías aéreas a través de sus tasas aeroportuarias.

“Trasladar costes adicionales a un sector enormemente afectado por la crisis sanitaria no contribuye a su tan necesaria recuperación, clave para la economía de nuestro país”, afirma el presidente de ALA, Javier Gándara, quien reclama que el Estado asuma la totalidad de los costes en los que haya podido incurrir Aena por estos controles en las infraestructuras aeroportuarias para que se traslade este sobrecoste a los usuarios.

Gándara defiende que el control de los viajeros internacionales depende de Sanidad Exterior, que es competencia exclusiva del Estado, por lo que estas medidas se circunscriben al ámbito de la protección de salud de la que es responsable el Ministerio de Sanidad y, por ende, el Estado.

En este sentido, señala que La Ley General de Salud Pública recoge entre sus funciones organizar y garantizar la prestación de la atención sanitaria del tránsito internacional de viajeros, de la prevención de las enfermedades y lesiones del viajero y de los servicios de vacunación internacional, entre otras.

“Siendo estos controles realizados en aeropuertos frente al covid-19 una cuestión de salud pública, no entendemos que el Estado se desentienda de su responsabilidad de sufragar sus costes y los cargue a las compañías aéreas”, concluye el representante de ALA.