El detonante de la protesta fue la agresión que sufrió el abogado Angel Bernardo el pasado 6 de junio, cuando, según ALA, un funcionario de prisiones le golpeó en los calabozos al preguntar a qué hora declaraba el detenido al que tenía que asistir.

Angeles López, abogada de ALA, dijo que las malas condicones en las que se presta el servicio crean una situación "de tensión y agresividad", por lo que solicitan una reformapara ofrecer "un servicio público que debe ser garantizado y tutelado por la Administración eficaz y no un servicio de beneficiencia para pobres".

Los abogados destacan que el Ministerio de Justicia no habilita partidas prespuestarias suficientes para el servico que, por otra parte, no controla, delegando toda la responsabilidad y organización en los colegios profesionales.

Por lo que respecta a Madrid, que cuenta con 4.000 letrados adscritos al servicio, los abogados no dudan en afirmar que es e que peor funciona" de los 82 colegios existentes en España.

Para los miembros de ALA, el colegio madrileño no ha mostrado ningún interés en debatir esta situación, ni ha contestado a las reiteradas peticiones de la asociación para que se celebre una asamblea general para analizar los problemas que a diario sufren los letrados del turno de oficio.

"Pero, ¿qué podemos esperar si el propio decano afirma que es un campo de formación para principiantes?", recuerdan los componentes de ALA.

A las eficiencias económicas, (un abogado cobra 3.000 pesetas por juicio y 10.000 por asitencia realizada "con retenciones por el IRPF pese a que serun servicio indemnizatorio"), se unen las largas esperas en los calabozos, la falta de especialización de los abogados y los intentos de algunos colegios por monopolizar el servicio.

"El hecho de que el colegio de Madrid ofrezca unos cursos de formación por los que se pagan 80.000 pesetas al mes, nos hace pensar que lo que pretenden es crear un grupo de camarilas fieles al colegio y aburrirnos a los demás par que nos demos de baja", precisan.

Los dirigentes de ALA destacan que en otras provincias ya se han producido movilizaciones de abogados y han convocado una asamblea el próximo 7 de julio, para plantear posibles acciones a seguir como encierros, huelgas e incluso una baja masiva en el servicio "hasta que se preste con las mismas garantías de defensa y de igualdad para todos los ciudadanos".