El vicepresidente económico y consejero de Economía y Empleo de laJunta, Tomás Villanueva, presentó las novedades que recoge la normativa, respaldada por los tres grupos políticos de las Cortes, PP, SOE y Mixto.

Previamente, Villanueva destacó que la Junta no ha agotado el plazo de seis meses que tenía para adaptar la norma estatal al ámbito autonómico y subrayó el régimen de incompatibilidades que se regulan para la elección de unos órganos más profesionales, donde pierden peso los cargos políticos y los empresarios vinculados por negocios a las cajas en las que están.

También, resaltó que la norma autonómica respeta los dos años que se han dado Caja Duero y España para completar la fusión, que explicó en el hecho de dar estabilidad ante el reto de afrontar una nueva reestructuración en su estructura y órganos que da origen a la caja más importante en volumen de Castilla y León.

El “sí” del Grupo Socialista, expuesto por Emilio Melero, se sustento en las competencias de la Comunidad en el ámbito financiero, en que se asienta en el decreto estatal aprobado por mayoría en el Congreso, en que los cambios recogidos respetan la Constitución y en que el objetivo último es preservar la estructura y fines de las cajas en beneficio del interés general.

También, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, aplaudió los cambios normativos recogidos en el decreto ley y calificó de “digno de mención” el régimen de incompatibilidades para ser presidente, la rebaja en la representación de los grupos políticos o la canalización de la obra social a través de una fundación.

A la incompatibilidad estatal sobre la presencia en los órganos de las cajas de políticos electos y altos cargos de la Administración central, autonómica y local, la Junta extiende la prohibición para que en la presidencia y en los consejos de administración haya personas que tengan operaciones, créditos, avales u garantías con la entidad a la que pretenden representar.

La normativa estatal reduce la presencia pública en los órganos rectores del 50 al 40%, cuyo 10% la Junta de Castilla y León regula para dar más presencia a los grupos de impositores y entidades de interés general o entidades de interés colectivo.

Así, impositores representarán en los órganos un 5%, al pasar del 32 actual al 37%, mientras que las entidades de interés general aumentan un 5% hasta llegar a un 10% total de presencia, del que la mitad se destina, por primera vez, a los miembros del Consejo para el Diálogo Social.

Por otro lado, Cortes y corporaciones municipales pasan del 47 actual al 37%, con el 16 sobre el 15 para las primeras.

La norma autonómica, también, refuerza la mayoría por las que las asambleas deberán aprobar fusiones, integraciones en el sistema institucional de protección o la transformación de una caja en una fundación especial, de manera que de los dos tercios actuales se pasa a los cuatro quintos para adoptar acuerdos en esa dirección.

Igualmente, el decreto ley regula un perfil más profesional para los miembros de los órganos rectores, de manera que el 50% de las personas propuestas por cada uno de los grupos de representación deberá tener conocimientos de alta administración, dirección, control o asesoramiento a través de trabajos realizados al menos durante cinco años en las entidades. De este perfil se excluye a los empleados, si bien en el caso de los propuestos por las Cortes afecta a la totalidad de los propuestos para entrar en las cajas.