Plena inclusión España lleva más de tres décadas acompañando a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a los juzgados o a los centros penitenciarios.

Esta psicóloga y facilitadora acumula más de 20 años de trabajo con este colectivo de presos como Coordinadora de Acceso a la Justicia de Plena inclusión de Andalucía del Programa de Atención integral a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo reclusas, exreclusas o que cumplen medidas alternativas. “Llevamos mucho tiempo haciendo de esta figura sin ponerle nombre”, asegura en una entrevista a Servimedia.

Bermejo recuerda cómo funcionaban las cosas en aquel momento. “Había que entrar en los juzgados para asistir a estas personas como pidiendo un favor”.

Todo cambió con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El nuevo texto legal trajo consigo la creación de un nuevo perfil profesional: el facilitador procesal del que se ha hablado mucho últimamente ya que es la figura que asiste al presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado en la localidad toledana de Mocejón.

La coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, Inés de Araoz, reconoce en declaraciones a Servimedia que “en el caso en el que existan sospechas desde el inicio de que una persona (ya sea presunta autora o víctima) pueda presentar una discapacidad intelectual hay que suspender cualquier procedimiento y así evitar cualquier indefensión o violación de los derechos procesales”.

En este momento es cuando entra ‘a escena’ el facilitador procesal. “Él decide qué apoyos precisa la persona y se encarga de proveerlos”, explica de Araoz y subraya que esta nueva figura debe ser un profesional neutral porque “no puede contaminar el procedimiento”.

Insiste la asesora de Plena inclusión España en que este perfil “no tiene nada que ver ni con la valoración de la discapacidad ni con la realización de pruebas periciales”. Esa sería competencia de los peritos que “muchas veces generan prueba”. La nueva ocupación tiene un claro cometido que es “garantizar el derecho de la persona con discapacidad intelectual a entender y ser entendida”, apunta de Araoz.

Inés de Araoz en su despacho de Plena inclusión España | Foto cedida por Plena inclusión España

MÁS DE 80 FACILITADORES PROCESALES

Plena inclusión trabaja en 13 Comunidades Autónomas lo que supone estar presentes aproximadamente “en el 75% de los centros penitenciarios de España con un equipo de 83 facilitadores procesales”, indica la psicóloga y facilitadora procesal, Sonia Bermejo.

Ella coordinó el pasado año un curso piloto de formación para estos nuevos profesionales a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) cuyo objetivo fue “acreditar la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo la labor del facilitador, dado el impacto que el ejercicio que esta actividad tiene en el acceso equitativo de las personas con discapacidad a la justicia”.

Los facilitadores procesales proceden de ámbitos muy diversos: la psicología, el trabajo social, la pedagogía, la terapia ocupacional, la criminología, psicopedagogía, o la logopedia, entre otras.

Sonia Bermejo señala la presencia desigual de este perfil profesional en función de la Comunidad Autónoma y confía en que “esta profesión se vaya regulando poco a poco”.

“El facilitador no debe ser confundido con el acompañante de la persona con discapacidad intelectual”. Es más, la figura del acompañante coexiste con este nuevo perfil, pero no guarda ninguna relación. “Se trata de una persona de confianza que elige el sujeto con discapacidad, normalmente, porque le aporta seguridad o es alguien conocido o de su confianza”, afirma.

Pero cuando se trata de identificar necesidades para ‘hacer más fácil’ el tránsito por los vericuetos de la justicia, y proponer ajustes de procedimiento, están ellos: los facilitadores procesales.