Los presidentes de TSJ indican que la mayor grandeza del sistema constitucional español es que permite defender cualquier idea aunque sea contraria al propio orden constitucional, siempre que se respete la democracia, los derechos fundamentales y el imperio de la ley.

Asimismo, consideran que al Poder Judicial concierne la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución y en la ley y señalan que “sedes judiciales cercadas, jueces y demás servidores públicos hostigados, persecución del diferente, mandatos judiciales incumplidos son ataques frontales al Estado de Derecho”.

En su declaración institucional, los responsables judiciales expresan su respeto, solidaridad y apoyo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a magistrados, jueces y demás servidores públicos que “pese a las presiones sufridas se mantienen firmes en la defensa del Estado de Derecho”.

SOBRECARGA DE TRABAJO

Los presidentes de los TSJ de España indican en sus conclusiones que la profunda transformación de la carrera judicial, la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales y la introducción de las nuevas tecnologías exigen una revisión y ordenación de la protección social de los jueces, a fin de ubicarla como un elemento esencial del estatuto judicial.

En este sentido, reivindican como presupuesto sustancial de la independencia judicial el reconocimiento de los derechos profesionales de los jueces, entre los que se incluyen la independencia económica, la igualdad de mujeres y hombres, la protección frente al acoso, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la protección de la salud y la prevención de riesgos laborales.

Los presidente de TSJ señalan como muy positivo el hecho de que el Pleno del CGPJ de 26 de julio de 2017 acordase tomar en consideración “como principios programáticos de su actuación en materia de protección social de la Carrera Judicial” las 130 propuestas contenidas en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo creado al efecto, y asumen el compromiso de promover la protección social de los jueces españoles.

Además, los presidentes de TSJ afirman en su documento de conclusiones que “el expediente judicial electrónico desarrollado por el Ministerio de Justicia ha respondido, hasta la fecha, a una implantación tan ambiciosa como improvisada”.