Las fuentes consultadas explicaron a Servimedia que seis de estos 41 registros son de despachos ubicados en distintas sedes oficiales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La intervención se limita a los despachos de personas que tienen condición de investigadas dentro de la causa sobre la celebración del referéndum independentista, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Paralelamente, el magistrado ordenó este miércoles el registro de tres empresas en Barcelona relacionadas con la actividad delictiva que investiga. También se ha acordado el registro en despachos profesionales no oficiales y en domicilios particulares.

La causa está abierta contra una veintena de personas por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. La causa está declarada secreta.