El presidente del Gobierno peruano, Alan García, declaró entonces el estado de excepción en las zonas afectadas por el desastre y pidió ayuda humanitaria internacional.

Según el PNUD, que coordinó las tareas internacionales de recuperación de la zona, el terremoto dañó el 75% de los edificios e infraestructuras en las zonas más afectadas y los recursos locales y regionales se agotaron con rapidez por la magnitud del seísmo y la falta de inversión en prevención de riesgos y en respuesta en casos de emergencia.

Además, señaló que la falta de planificación urbana, la presión demográfica provocada por la inmigración interna desde los Andes hasta la costa y la construcción improvisada de viviendas sobre suelo blando contribuyó peligrosamente a los daños provocados por el temblor.

Dos años más tarde, el PNUD aún sigue en Ica trabajando con las autoridades locales en el desarrollo y la aplicación de mapas de riesgo en la planificación urbana para garantizar que los edificios sólo se construyen en los lugares más seguros.

El PNUD subraya que los terremotos han afectado a la vida de las personas de Perú desde las antiguas civilizaciones de la época precolombina, pero sus repercusiones pueden reducirse con la promoción y el desarrollo adecuado de infraestructura urbana.