El consejo denunció en un comunicado que se trata de “un Tribunal y de un proceso ilegal sin garantías, del que fueron expulsados los observadores internacionales” y añadió que es “un tribunal extraterritorial e incompetente, ya que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos y, por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal”.

Ante esto, el CJE condenó “las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra la población civil en general y, muy particularmente, contra los presos políticos saharauis en prisión” y expresó su “su solidaridad con los familiares de los presos condenados” y su “apoyo a las organizaciones que trabajan en su defensa”.

Por último, hizo un llamamiento a Naciones Unidas, a la Unión Europea, partidos políticos y personalidades “para que actúen ante el Estado marroquí para que cumpla con la legislación internacional vigente”, así como a la población para que “exprese su repulsa por esta condena a todo un pueblo y se movilice contra esta sentencia ilegal”.