A los detenidos se les imputan delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y defraudación a la Hacienda Pública, societarios y contra los derechos de los trabajadores, a través de un entramado empresarial formado por más de 55 sociedades fraudulentas.

La operación que ha dado lugar a las detenciones, denominada “Arco”, se inició en marzo del año pasado, cuando la Guardia Civil supo de un grupo organizado que se estaba dedicando a gestionar diferentes empresas con las que podrían estar cometiendo hechos delictivos de naturaleza económica.

Los agentes de la Benemérita constataron que este grupo compraba sociedades en precaria situación económica o de total insolvencia y colocaba al frente de estas a terceras personas generalmente insolventes. De esta forma, dificultaban o impedían el cobro de las deudas que pudieran ser reclamadas por los organismos oficiales o por acreedores.

Con el entramado empresarial que crearon elaboraban y vendían contratos y precontratos de trabajo ficticios a personas, generalmente extranjeras, que los necesitaban para poder regularizar su situación en España.

La red cobraba a los trabajadores entre 200 y 1500 euros, en función del trámite que precisaran realizar, como un permiso inicial, la renovación o el permiso especial por arraigo.

SEGURIDAD SOCIAL

El entramado también se dedicaba a dar de alta de forma masiva en la Seguridad Social a supuestos trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, sin ingresar las cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social.

De esta forma, los supuestos trabajadores, la Benemérita calcula que más de 300, se beneficiaban de las diversas prestaciones. A cambio, pagaban a la organización los importes mensuales correspondientes a las cotizaciones que deberían ser ingresadas en la Seguridad Social. Lo defraudado, según la investigación, asciende a 4.500.000 euros.

Los detenidos realizaban facturaciones ficticias que generaban obligaciones tributarias, pero no realizaban el pago de las mismas, lo que implica un fraude de 4.300.000 euros. Además, vendían las propiedades de las sociedades (vehículos, camiones, material de construcción, etc.), lo que aportaba un beneficio económico y evitaba cualquier posibilidad de embargo.

También, a través de varias de las sociedades, adquirían diverso material informático e mobiliario pero no hacían frente al pago a los diversos proveedores y revendían en ocasiones el material adquirido. Por estos hechos se les imputa una estafa por valor de 700.000 euros.

Las detenciones se han llevado a cabo en Inca, Binissalem y Palma de Mallorca (Islas Baleares) y la operación fue llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.