Así lo expresó al interpelar al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre “las medidas y reformas legales que tiene previsto el Gobierno impulsar para hacer efectiva la recuperación de la memoria democrática y la reparación a las víctimas de los crímenes del franquismo”.

Herrera denunció también el vía crucis al que se han visto abocadas las víctimas del franquismo para desenterrar a sus muertos y afirmó que ningún demócrata puede entender que un país que se ha dedicado a perseguir “crímenes de lesa humanidad y de genocidio en medio planeta no sea capaz de juzgar los crímenes del franquismo”.

Herrera señaló que la “tozuda” realidad es que “hay víctimas que acudieron a la Audiencia Nacional y que hoy tienen que ir juzgado por juzgado para ver cómo desentierran a sus muertos” y que el artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica “no asume” la responsabilidad pública de la Administración a la hora de ayudar a las víctimas a “recuperar a los seres queridos enterrados en las cunetas”.

El portavoz de ICV en la Cámara Baja denunció que “hay quien interpreta la Ley de Amnistía y el ordenamiento vigente como un ordenamiento que es capaz de tapar crímenes de lesa humanidad y de genocidio y que no es capaz de estar al lado de las víctimas” de la dictadura.

Por estas razones, Herrera pidió al Gobierno que modifique el artículo 11 de la Ley de Memoria Histórica para ayudar a las familias de las víctimas a enterrar a sus muertos. “Se lo pidieron miles de personas el pasado fin de semana”, dijo, en referencia a las distintas manifestaciones que se celebraron en contra de la impunidad del franquismo. “Se lo pide mucha gente que quiere que en este país se recupere la memoria democrática”, añadió.

“Muevan ficha y no nos digan lo de siempre: vamos a desarrollar la ley, porque la están desarrollando mal”, dijo el portavoz de ICV al ministro.

PROCESO GRADUAL

Por su parte, el ministro Caamaño dijo que “la transición fue un proceso gradual, y gradual fue el proceso de reparación de quienes fueron víctimas del franquismo”. Explicó el proceso por el que la Ley de Memoria Histórica vio la luz, las diversas indemnizaciones que el Gobierno ha otorgado a las víctimas del franquismo y la retirada de símbolos franquistas de sedes de la Administración General del Estado.

“Sin trastocar el consenso que trajo este país a la democracia, la llamada Ley de la Memoria Histórica es un marco normativo especialmente propicio y fructífero para la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Es una ley que hace justicia”, dijo Caamaño, quien añadió que el Gobierno “va a seguir aplicándola, desarrollándola al máximo en todas previsiones y potencialidades”, porque lo que le mueve es “conseguir la reparación de las víctimas del franquismo”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno “siempre está dispuesto a reformar y mejorar las leyes desde la responsabilidad, a buscar soluciones y a combatir situaciones de discriminación o de injusticia”.