La ONG considera que “el decepcionante rechazo a una solución que ha conllevado cuatro años de negociaciones aumenta los riesgos para una población que lleva años esperando el fin de la violencia”.

En este sentido, reclamó “un refuerzo del apoyo político internacional a la paz” que vaya acompañado del “apoyo humanitario a los cientos de miles de personas que todavía no tienen garantizados sus derechos más básicos”, ya que, de otra manera, “se podría poner en peligro la seguridad y el bienestar de las comunidades más vulnerables”.

De hecho, denunció que “de los 136 millones de dólares solicitados por el equipo humanitario que trabaja en Colombia, en 2016 sólo se ha aprobado un 30%” y afirmó que, al igual que otras ONG presentes en el país, es testigo de que “hay familias que reciben como ayuda mucho menos de lo que sería mínimo para cubrir sus necesidades reales”.

Asimismo, declaró que en sus zonas de acción ha ganado el ‘sí’ al acuerdo “por una gran mayoría de votos” e hizo hincapié en que “son regiones mayoritariamente rurales y de difícil acceso, que no poseen instituciones públicas capaces de asegurar los servicios sociales más básicos, debido al conflicto y a una marginalidad histórica”.

Alianza por la Solidaridad explicó que “las consecuencias del conflicto sobre la población han sido devastadoras” y detalló que se trató de “desplazamientos, reclutamiento forzado, violencia contra las mujeres, restricciones a la movilidad, amenazas, extorsiones, desapariciones forzadas y confinamiento en las comunidades”.

Por último, la ONG argumentó que “seguirá apostando por procesos de construcción de la paz” y “por el empoderamiento de las poblaciones más afectadas por el conflicto desde los espacios locales” para conseguir “cambios a nivel nacional que incidan positivamente en la vida de las mujeres, comunidades afrocolombianas, indígenas, jóvenes y población en general”.