La iniciativa está firmada por el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, y por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, portavoz adjunto del grupo Unidos Podemos.

Las cifras oficiales a las que remite la exposición de motivos indican que desde el comienzo de la dictadura hasta 1952 se robaron en España hasta 30.000 recién nacidos y, después, hasta bien entrada la democracia, siguieron desapareciendo bebés de hospitales y maternidades. Algunos expertos han cuantificado entre 180.000 y 300.000 las adopciones de esos pequeños durante ese tiempo.

Recuerdan que la Comisión Europea ha reconocido que las personas afectadas por esos casos son víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos aunque ese reconocimiento aún no se ha formalizado en España. Mientras, las asociaciones que las aglutinan piden que los tribunales y las fuerzas de seguridad asuman las investigaciones y haya mediación ante los estamentos eclesiásticos para abrir los archivos al acceso de las víctimas, tal y como solicitó la ONU.

"URGENTE" ABRIR CAUCES

Los firmantes de la iniciativa consideran "urgente" abrir los cauces legales y proporcionar las facilidades técnicas necesarias para que esas personas puedan encontrar a sus familiares, en muchos casos de edad avanzada.

Proponen crear una comisión de investigación con tres representantes de los grupos con más de cien diputados (PP), y dos de todos los demás, con el objeto de facilitar el esclarecimiento de esos casos y el reecuentro de las familias.

Establecen una serie de guías de actuación que se llevarían a cabo a lo largo de dos años, entre ellas la potenciación de un banco de ADN que permita cruzar datos de las víctimas con garantía de gratuidad de las pruebas para los supuestos bebés robados, el nombramiento de un fiscal coordinador especializado, el impulso de medidas para garantizar la seguridad en la identificación de los recién nacidos, o el acceso a la justicia gratuita para todas esas familias.