Para esta asociación, se trata de un incumplimiento de la ley de la memoria histórica y de una agresión a las víctimas de la violencia franquista, "que tienen que tolerar en la capital del Estado una nomenclatura que enaltece a quienes dieron un golpe de Estado y llevaron a cabo numerosas violaciones de derechos humanos".

La ARMH se apoyará para su petición en la resolución de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, según la cual se instaba a las administraciones públicas, y en especial a las locales, a escuchar aquellas iniciativas llevadas a cabo por los familiares de las víctimas.

Según esta asociación, Madrid es una de las pocas grandes ciudades españolas que todavía no ha revisado su callejero después de la aprobación de la conocida como ley de la memoria histórica, y en ella se conservan algunos de los principales monumentos de exaltación a la dictadura, como el Arco de la Victoria de Moncloa, "algo que debería ser incompatible con la cultura democrática y en especial con la actual presidencia temporal de la Unión Europea".

"No existe una ciudad en las democracias europeas que hayan sucedido a una dictadura que después de tantos años conserve un alto número de vestigios que dedican honores públicos a quienes nada hicieron por las libertades y el bien común", dice la ARMH, para quien sería "impensable" que en Alemania hubiera una plaza del "führer" o en Ttalia una del "ducce".

A su juicio, "además de ser una forma de incumplir las leyes, se trata de una forma de menosprecio a las víctimas y un enaltecimiento de quienes utilizaron la violencia y el terror para someter a una sociedad a la que convirtieron en un régimen de 'apartheid'".

La ARMH ya solicitó hace dos años a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la colocación de una placa en la entrada del Palacio de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, en recuerdo de los hombres y mujeres que fueron ilegalmente detenidos, torturados o asesinados durante los años en los que ese edificio fue la sede de la Direccin General de Seguridad, "pero la presidenta ni siquiera respondió al escrito presentado por registro".

Según esta organización, estas negativas suponen el incumplimiento del artículo 3 de los estatutos del PP, que dice tratarse de una organización política comprometida con la defensa y solidaridad con las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones.