Los socialistas proponen, en primer lugar, crear una comisión de expertos para analizar la situación del sistema fiscal español y, en el plazo de seis meses, presentará sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación.

Las modificaciones legislativas derivadas de estas conclusiones entrarán en vigor con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, y mientras tanto se propone la puesta en marcha de una serie de medidas.

Así, por ejemplo, apuesta por establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su “vaciamiento”.

Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la recaudación y estabilizarla en el tiempo.

IVA

Por otra parte, se aboga por rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música, y promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales.

Además, se pide impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras, tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España.

En materia de fiscalidad ambiental, se propone que acercarla a los estándares europeos. Dicha fiscalidad contemplaría nuevos tributos como un impuesto sobre las emisiones de CO2, otro sobre los óxidos nitrosos y otro sobre las emisiones de los vehículos de motor.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El PSOE cree que España debe liderar, tanto en la UE como en el ámbito de la OCDE y del G-20, una agenda “ambiciosa” en materia de una mayor transparencia en la fiscalidad europea e internacional, que acabe con el fraude y la evasión fiscal, así como con los paraísos fiscales.

En concreto, se pide impulsar en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de ‘paraísos fiscales’, y que las jurisdicciones que aparezcan en la misma deban estar sujetas a una lista consensuada de sanciones.

De igual forma, España promoverá en la OCDE y el G-20 la adopción de una estrategia internacional contra los ‘paraísos fiscales’.

Otra idea es la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.

En esta materia también, se defiende el incremento en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años.

En esta línea, se quiere destinar al presupuesto de la Agencia, para luchar contra el fraude fiscal, un porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria.

Piden, también, modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva. En todo caso, se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de dos a seis años y prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las penas a imponer siempre serán en su mitad superior.

NO MÁS AMNISTÍAS

Otra iniciátiva pasa por adquirir el “firme compromiso” de no aprobar una nueva ‘amnistía fiscal’ e Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de los defraudadores que se acogieron a la última aprobada por el PP.

Desde el PSOE también quieren exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades los clientes que tienen cuentas en ‘paraísos fiscales’ y, en caso de que dichas entidades no colaboren que sean sancionadas económicamente, y en caso de reincidencia en la falta de colaboración se les retire la ficha bancaria.

En la proposición no de ley se hace referencia, además, a establecer un mayor control de las sicav, revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES), publicar la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos tributarios que superen determinados umbrales, aprobar un Estatuto de la Agencia Tributaria y revisar el procedimiento de auxilio judicial de la institución para mejorar la colaboración.