Según ha notificado el Defensor del Pueblo, institución ante la que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó una queja contra esta infraestructura ferroviaria, el Gobierno balear ha requerido a la empresa explotadora a que ejecute el plan de adaptación del ferrocarril de Sóller a la Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la supresión de las barreras arquitectónicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Según explica el Cermi en una nota, la empresa tendrá que atenerse a las precisiones indicadas en el informe técnico elaborado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Gobierno Balear, concediéndole como plazo hasta el día 31 de diciembre de 2018 para la completa adaptación del ferrocarril a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Como adaptaciones obligadas, la empresa titular deberá actuar en las puertas de entrada al vagón, desechar como solución de accesibilidad las plataformas elevadoras, en el espacio interior de los vagones y en la estación de Palma, donde tendrán que acondicionarse los dos andenes existentes.