Las 17.822 reclamaciones formalizadas ante el Defensor representaron un 23,1% menos que las cursadas el año anterior (23.186). También descendieron las peticiones de solicitud de recurso de inconstitucionalidad y de amparo: 123 frente a las 289 del año pasado.

Por áreas, la Administración de Justicia fue la que motivó más quejas, 1.834, seguida de Actividad económica (1.671), Seguridad pública (1.249) y Empleo y seguridad social (1.227).

El resto de asuntos que más animaron a los ciudadanos a protestar ante el Defensor fueron los relativos a Impuestos (1.106), Función y empleo públicos (912), Política Social (846), Migraciones (811), Educación (669), Medio Ambiente (444) y Centros Penitenciarios (402).

Por regiones, las comunidades autónomas que más se quejaron en 2015 al Defensor son Madrid (4.899), Comunidad Valenciana (2.266), Andalucía (2.173) y Cataluña (1.542).

A lo largo del año pasado, el Defensor realizó 522 actuaciones de oficio, más que las 489 que emprendió en 2014.

Como consecuencia de las quejas y actuaciones, el Defensor del Pueblo ha formulado ante las distintas administraciones un total de 706 Recomendaciones y 613 Sugerencias. De ellas, 311 Recomendaciones han sido aceptadas, 95 rechazadas y 300 estaban pendientes de respuesta por parte de la administración concernida en el momento de cerrar el informe. En cuanto a las sugerencias, 324 han sido aceptadas, 112 rechazadas y 177 están a la espera de respuesta.

50.000 CIUDADANOS

Hasta el Defensor del Pueblo acudieron por escrito a la institución un total de 50.154 ciudadanos. A esta cifra hay que añadir aquellos que han sido atendidos personalmente por la institución, 17.152, de los cuales 3.306 fueron presenciales y 13.846 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.

En su condición de responsable en España del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visitó en 2015 18 dependencias entre instalaciones de privación de libertad en España y centros asistenciales.

Además, supervisó un operativo de repatriación de extranjeros organizado por España en coordinación con Frontex, con destino a Islamabad (Paquistán) hasta la finalización del embarque, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas.