Ambas concesiones comparten las mismas instalaciones: una plataforma fija, un oleoducto submarino y una terminal en la ‘Plataforma Casablanca’, construida en 1982 y ubicada a 42 kilómetros de la costa de Tarragona, donde se realizan operaciones de perforación, producción y transporte.

El petróleo bombeado desde la plataforma llega a través del oleoducto a la terminal costera de Repsol, desde donde se traslada a la refinería ubicada en la costa de Tarragona.

Tal y como establece la Ley, dado que los titulares cumplen con todos los requisitos fijados en las normas que son de aplicación, el Gobierno debe otorgar las prórrogas de las concesiones por el plazo de diez años.

No obstante, los trabajos específicos que se realicen en las concesiones deberán ser autorizados por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, caso por caso, cuando lo establezca la normativa vigente, previa evaluación de impacto ambiental en caso de que ésta sea exigida por la Ley de evaluación ambiental, de 2013.

RECAUDACIÓN DE 34,2 MILLONES

Los titulares están sometidos al Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y el Gobierno espera recaudar por este motivo unos 34 millones de euros en los próximos cinco años, a los que hay que sumar otros 216.000 euros en concepto de canon por superficie.

Por otro lado, las prórrogas de las concesiones tendrán también “efectos positivos”, tanto en la balanza comercial como en el nivel de autoabastecimiento energético de España, destacó el Gobierno.