Tras considerar que “existen obligaciones legales, como la Ley General de Contabilidad, que exigen a los gestores de empresas públicas cumplir con la legislación”, dijo que “cuando haya indicios suficientes de la existencia de un delito contable, propondremos a la comisión un dictamen separado y específico del Campus de la Justicia para ponerlo a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos”. A su juicio, son “meros indicios pero apuntan a un sentido muy malo”.

El diputado de Podemos hizo estas declaraciones ante el hecho de que “no aparecen los finiquitos de las indemnizaciones y no se conocen los gastos de los libros publicados ni los ingresos logrados por los mismos”.

Explicó que Podemos pidió hace más de un mes el Libro Mayor del Campus de la Justicia y agregó que “el Gobierno de Cristina Cifuentes no ha facilitado esa información”, por lo que están considerando “seriamente realizar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

Durante la comisión de estudio sobre la deuda, en la que se analiza el Campus de la Justicia, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, negó que la Comunidad de Madrid sea responsable de las “decisiones políticas” tomadas por gobiernos anteriores sobre el Campus de la Justicia en aspectos como la contratación de personal.

Aclaró que “de las decisiones políticas tomadas en su momento no somos responsables” y explicó que “la responsabilidad nuestra ahora es, con este archivo del Campus de la Justicia, ofrecer transparencia máxima y que puedan examinar la información necesaria”.

En la citada comisión, la diputada socialista Mercedes Gallizo se interesó por la contratación de personal y los finiquitos recibidos por estos cargos de libre disposición.

Gallizo sostuvo que “hay una responsabilidad política y una irresponsabilidad del Gobierno de la Comunidad, de sus viceconsejeros y consejeros de Presidencia que ponían a estas personas”.

“Veremos cómo se tienen que acabar dirimiendo estas responsabilidades”, añadió La diputada socialista, quien también preguntó por el coste del diseño y la edición del libro 'Norman Foster - Edificios de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia' del que la sociedad Campus de la Justicia editó 3.058 ejemplares.

Ruiz Escudero respondió diciendo que el dato concreto del coste del diseño y edición del libro fue de 38.958 euros, una factura que fue remitida a la Editorial Everest.

Sobre este mismo asunto, el diputado del PP Juan Antonio Gómez-Angulo dijo que el Gobierno “está dando toda la información” que tiene a su alcance.

Indicó que “estamos a la espera de la comparecencia del exconsejero de Justicia Alfredo Prada, que pidió comparecer en este organismo a petición propia”.

Dijo que es “quien más puede aportar sobre la concepción inicial del Campus de la Justicia” y explicar por qué finalmente el proyecto se frustró.