Catalá se refirió a esta cuestión en una rueda de prensa en su departamento, donde presentó una aplicación informática de la patronal del seguro, Unespa, para calcular las indemnizaciones de accidentes de tráfico con la nueva legislación, que entra en vigor el próximo 1 de enero.

Durante esta comparecencia, el ministro fue preguntado por el hecho de que JpD difundiera esta mañana un comunicado en el que pide investigar a dos fiscales de Las Palmas por lo que considera una “maniobra” contra la jueza Rosell.

ACUSACIÓN "GRAVE"

Según la asociación de magistrados, en esta investigación se han producido hechos anómalos como que la afectada no ha tenido acceso a las actuaciones y el expediente se ha filtrado "con sorprendente celeridad" a ciertos medios de comunicación en campaña electoral. Para este colectivo, esto implica una "vulneración de derechos" y de la "imparcialidad" de la Fiscalía, que parece mostrar "conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político".

A este respecto, Catalá dijo que si JpD considera “que se ha producido algún tipo de actividad ilegal, debería denunciarlo”. En todo caso, sostuvo que es “grave” que “una asociación considere que la Fiscalía incumple su deber de imparcialidad y de defensa de la legalidad”.

El responsable de Justicia señaló que este colectivo está “en su derecho” de presentar una querella o lo que considere oportuno, pero estimó que es “bastante inverosímil” la acusación que lanzan a la Fiscalía.