En su escrito, la CE se muestra contraria a la única sentencia del Tribunal Supremo español que aunque considera nulas las cláusulas suelo, no permite la retroactividad, esto es, la obligación de que los bancos devuelvan a los usuarios todas las cantidades cobradas de más por esta cláusula abusiva.

Esta sentencia fue calificada por Facua como "aberrante", por “perdonar a los bancos el dinero que se han embolsado irregularmente durante años en un alto porcentaje de los préstamos hipotecarios suscritos en España”.

La sentencia del Supremo sólo permite la devolución de los importes cobrados bajo este concepto irregularmente hasta la fecha de publicación de la misma, el 9 de mayo de 2013.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE dirime ahora sobre la legalidad de esta decisión, dado que contraviene la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La asociación espera que el TJUE refrende la postura de la CE en el marco del asunto prejudicial presentado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, y valora las alegaciones de la CE.

En concreto, indica que "no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor y a la que está obligado el profesional en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia".

EL GOBIERNO, “CON LOS BANCOS”

La asociación considera “aberrante” que, en las alegaciones presentadas por el mismo asunto prejudicial, el Gobierno español “defienda los intereses de la banca frente a los derechos de los consumidores”.

“El Ejecutivo defiende, de hecho, que es necesario limitar los efectos económicos de la nulidad por una cuestión de seguridad jurídica para las empresas”, lamentó Facua.

Por ello, le reclamó “que deje de proteger los intereses de un sector, el bancario, que basa gran parte de sus beneficios en los abusos que cometen sobre los usuarios, como es el caso de las cláusulas suelo, que les reportan miles de millones cada año”.

Asimismo, lamentó la “falta de acción” por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas contra estas prácticas abusivas para evitar que los afectados tengan que recurrir a los tribunales para reclamar su devolución, una vez que el Supremo las ha declarado nulas.

Para Facua, la protección del consumidor “no puede ni debe descansar exclusivamente en la vía judicial, más costosa, lenta y farragosa para los usuarios que para el poder económico”.