El portavoz socialista en la materia, Pedro Saura, argumentó la petición de comparecencia por la necesidad de conocer los criterios y la metodología que ha utilizado el Gobierno para establecer ese reparto. Tienen que ser transparentes, dijo, y no “oscuros”.

En su opinión, la decisión de cargar ese esfuerzo sobre las comunidades autónomas en mayor medida que sobre la Administración General del Estado obedece al deseo de “hacer más pequeño el Estado del bienestar”.

En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Ricardo Sixto consideró “plenamente justificada” la petición del PSOE y acusó al Gobierno de haber generado “un conflicto grave” con esa decisión. Prueba de ello, subrayó, es que la mayoría de comunidades autónomas se han opuesto a un criterio “impuesto”, entre ellas alguna gobernada por el PP que se expresado su “escepticismo”.

Considera que esa decisión se comprende menos en el actual momento, con el Gobierno lanzando “las campanas al vuelo” sobre la recuperación económica y prometiendo rebajas fiscales, y lo atribuyó a un tipo de “populsimo fiscal”.

En nombre de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Antoni Picó respaldó también la petición y criticó los objetivos “desleales, desproporcionados y contrarios a la legalidad” aprobados por el Gobierno. Por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Pere Macias también la respaldó con los mismos argumentos, y dio credibilidad a la cifra de 4.000 millones que podría suponer el “regalito” del Gobierno a las comunidades autónomas en forma de recortes.

Carlos Martínez Gorriarán anunció también el voto favorable de UPyD y expresó su deseo de abordar el fondo del problema: un modelo de financiación que tiene “muchísimas opacidades” y que tiene que ser superado por uno equitativo y sostenible a largo plazo.

Ana Madrazo, del PP, consideró “falso” que las comunidades autónomas vayan a tener que hacer un mayor esfuerzo que la Administración Central, ya que tendrán que ajustar 1,66 puntos del PIB frente a los 3,3 del Estado. “Los números son la mejor vacuna contra la manipulación política”, dijo.

Madrazo subrayó también que las comunidades autónomas verán sus recursos incrementados un 8% durante ese periodo, con 10.000 millones más para afrontar los gastos del Estado del bienestar.

Insistió en que la prioridad del PP es alcanzar la estabilidad económica, política y social y poder dejar atrás definitivamente la crisis. Juzgó “evidente” la diferencia entre el comienzo y el final de la legislatura, al haber pasado de la recesión a la recuperación, precisamente porque entre otras cosas se han alcanzado los objetivos de déficit.