En un encuentro informativo, Del Álamo reclamó a quienes acudan al monte en verano que “destierren” el uso de cualquier instrumento que pueda provocar una chispa y desencadenar un incendio porque “aunque se crea que no puede pasar nada, sí puede pasar”. “Las negligencias están detrás de más del 50% de los incendios forestales”, añadió.

Del Álamo también se dirigió a los incendiarios para instarles a que desistan de provocar fuegos en el monte porque, según recordó, está tipificado como delito en el Código Penal e implica penas de prisión.

Reiteró que alrededor del 95% de los incendios se deben a causas humanas, repartidos casi a partes iguales entre negligencias y acciones voluntarias, de manera que abogó por la concienciación social. “Un maquinista de una cosechadora no puede dejar de tener en la cabeza que tiene a mano un instrumento que puede provocar fuego”, agregó.

El decano de los ingenieros de montes felicitó a las administraciones públicas por el “importante despliegue de medios” en la lucha contra los incendios forestales y destacó que en este ámbito se ha producido “un gran avance” en la última década, lo que se traduce en que, “a pesar de ser España un país de riesgo, casi el 70% de los siniestros que queden convertido en conatos”, esto es, las llamas abarcan menos de una hectárea.

En este sentido, reconoció la implicación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos, Protección Civil y agentes forestales que “se juegan la vida por salvar el patrimonio natural, que es el de todos”.

BIOMASA FORESTAL

Del Álamo subrayó que España cuenta con más de 26 millones de hectáreas de monte y que sólo pueden limpiarse las zonas cercanas a carreteras y vías, de manera que “la gran masa forestal va a seguir siendo de riesgo porque el combustible está ahí”.

A este respecto, indicó que un tercio de la madera se aprovecha como biomasa y abogó por fomentar esta energía renovable, que, según agregó, “es la que más empleo genera por megavatio”. “Tenemos grandes esperanzas en el aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Si no se le da salida ordenada a ese combustible, al final termina ardiendo”, apostilló.

Por su parte, José Ramón Peribáñez, ingeniero de montes e inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, recordó que la Ley sobre Protección Civil, de 1985, obliga a los ayuntamientos a contar con planes de emergencias ante incendios forestales. “Lo tienen muchos, pero otros no, y ayudan cuando hay que hacer evacuaciones”, dijo.

Peribáñez comentó que al paradigma asentado de “prevención, detección y extinción” conviene añadirle un primer factor relacionado con la concienciación para potenciar que “la gente sienta el monte como suyo” y que la mayoría de los siniestros se queden en conatos y no lleguen a la categoría de incendio.