Según la sentencia de la Sala, los despidos no son legales porque difieren el pago de la indemnización hasta su tope legal, 20 días por año y un máximo de 12 mensualidades, sin causa justificada alguna.

A su entender, los tiempos para ejecutar los despidos dependerán de cada caso en concreto, pero la causa no puede servir de justificación para despidos cuya razón de ser estriba en previsiones económicas o en argumentos causales a futuro.

La Audiencia Nacional considera que en el presente caso no se ofrece ninguna justificación razonable de carácter organizativo para que de los 745 despidos previstos, 79 se pospongan a 2015 y otros 76 a 2016, “por lo que dichos despidos carecerían de causa” o “la causa invocada en el proceso culminado a finales de 2013 habría perdido actualidad en 2015 y 2016”.

La decisión de la Sala también considera no ajustada a derecho la decisión de abonar en diferido las indemnizaciones porque la empresa no acreditó que se encontraba en situación real de falta de liquidez.

Entiende que esa falta de liquidez no existe porque Panrico destino los 30 millones que obtuvo de la venta de Artiach a la devolución de préstamos, retrasando así “injustificadamente” el pago de las indemnizaciones.

La Sala desestima, sin embargo, el resto de las cuestiones planteadas por las partes. Según el tribunal, en el ERE de Panrico concurrieron causas económicas y pérdidas contables y productivas objetivas. Esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.