La iniciativa, que se tumbó por 187 votos en contra, 43 votos a favor y 103 abstenciones, reclamaba diálogo “en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña para decidir su futuro”. El texto, presentado por CiU y respaldado por las fuerzas catalanas y nacionalistas, recibió el voto en contra del PP y la abstención del PSOE.

La Cámara Baja rechazó también las otras cuatro resoluciones presentadas por CiU en las que defendía que eviten políticas recentralizadoras y que se amplíen las inversiones en Cataluña.

Por un lado, el Congreso de los Diputados vetó por 288 votos en contra, 45 votos a favor y 1 abstención la petición al Gobierno de que se oponga a una reforma de la Administración Pública que consideran “recentralizadora”. Ésta fue la única propuesta en esta materia que votaron juntos PP y PSOE.

La iniciativa planteaba al Gobierno que abordara “de una vez” una profunda reforma de la Administración General del Estado, paralela a la drástica reducción de gastos afrontada por las administraciones local y autonómica; que abandonara el proceso unilateral de reforma de las Administraciones Públicas; que retirara la propuesta de creación de la licencia deportiva única y que estableciera un diálogo bilateral con aquellas comunidades que “rotundamente” se oponen a la recentralización del Estado.

RESPALDO DEL PSOE

Por otro, la Cámara Baja tumbó con los votos en contra del PP y el voto afirmativo del PSOE otras tres resoluciones que reclamaban al Ejecutivo de Mariano Rajoy una mayor dotación económica para Cataluña y exigían la publicación anual de las balanzas fiscales.

En primer lugar, el Congreso rechazó una iniciativa que insistía en pedir "más inversión pública productiva para Cataluña" e incidía en la necesidad de “cumplir” con la disposición adicional tercera del Estatut. Fue vetada por 185 votos en contra, 133 votos a favor y 9 abstenciones.

CiU y PSOE habían pactado una enmienda según la cual se suprimía el traspaso de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat y se instaba al Ejecutivo a “negociar encomiendas de gestión con la Generalitat para la ejecución eficiente de las obras del Estado que se consideren conjuntamente”.

En segundo lugar, el Congreso vetó otra resolución que mostraba al Gobierno su rechazo “a las políticas de ahogo fiscal, económico y competencial de la Generalitat de Cataluña”. Lo hizo con el respaldo de 185 votos, con 138 votos a favor y con 4 abstenciones.

Entre las peticiones, se instaba al Gobierno “a pagar la deuda que mantiene el Estado con la Generalitat”, correspondiente a lo establecido en la disposición adicional tercera del Estatut y a “revisar” la reducción drástica de las transferencias del Estado a la Generalitat durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Además, reclamaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy que publiquen “anualmente”, a través del Instituto de Estudios Fiscales, las balanzas fiscales de las comunidades autónomas con la Administración central y pedía, entre otros asuntos en materia de infraestructuras, una actualización del Plan de Cercanías 2008-2015 y la conexión ferroviaria “urgente” de la Terminal 1 del Aeropuerto de El Prat.

Por último, la Cámara Baja tumbó otra iniciativa que instaba a rectificar la reforma local por “inconstitucional y porque no respeta el Estatut de Cataluña”. Fue rechazada por 180 votos en contra, 142 votos a favor y 5 abstenciones.