El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, presentó esta reforma ya aprobada por el Gobierno y pidió el voto favorable a los grupos parlamentarios. Explicó que pretende actualizar el Derecho humanitario internacional y sus dos principios fundamentales relativos a las armas: la protección de la población civil en tiempos de guerra y la limitación de los medios que se pueden emplear en ellos.

Además, ensalzó que España siempre se ha anticipado a los protocolos internacionales en este sentido: así, recordó que la ley de 1998 que ahora reforma esta nueva iniciativa se adelantó a la entrada en vigor del protocolo firmado en 1996 y completado por otros posteriores, y que en 2008 el Consejo de Ministros presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero prohibió las municiones de racimo se adelantó también a la entrada en vigor de la Convención de Oslo suscrita al respecto un año antes.

En el mismo sentido, destacó que en 2010 se modificó el Código Penal para incrementar las penas a quienes utilizaran este tipo de armas y, por último, subrayó que, también en la práctica, el Ministerio de Defensa ya ha destruido todas las municiones de racimo que tenían las Fuerzas Armadas y ha obligado a la industria militar a hacer lo propio antes de 2018.