La proposición no de ley, firmada por el diputado socialista Eduardo Madina, respondía a que “es necesario articular, en torno a las políticas de estabilidad presupuestaria, un conjunto de garantías que aseguren que las políticas del Estado de bienestar que tienen un impacto determinante sobre la igualdad oportunidades, sobre la salud de los ciudadanos y sobre la inclusión y reactivación de las personas no van a verse afectadas por disminuciones de ingresos o por la desfavorable coyuntura económica”.

Durante su intervención en el Hemiciclo, la diputada socialista María Luisa Carcedo defendió la proposición no de ley recordando que su grupo se reafirma en el artículo 1.1 de la Constitución Española, donde que España se constituye como un “Estado social y de Derecho” y manifestó que el programa del Partido Popular “no se cumple”, en lo relativo a garantizar los servicios sociales de los ciudadanos.

“Tras dos años de gobierno de la derecha no solamente tuvieron lugar los recortes anunciados por el hoy presidente del Gobierno sino que se procedió a una serie de medidas que están destruyendo el Estado de bienestar”, configurado durante treinta años de democracia, añadió.

Carcedo se refirió a que el argumento de la insostenibilidad del sistema de bienestar “aparece siempre”, por lo que “si en los años ochenta se construye con la mitad del PIB de este país, cómo no se va a poder sostener en estos momentos”, cuestionó.

La diputada socialista concretó, asimismo, que se están produciendo recortes que “amenazan al 3,8 por ciento del gasto de Educación”, lo que colocaría a España, vaticinó, a la altura de Azerbayán en este ámbito. También se refirió a la sanidad, donde en dos años, según los socialistas, se han recortado 9.300 millones.

“Todas estas medidas confluyen en un objetivo: desmontar el Estado de bienestar”, denunció, lo que además “está suponiendo un descenso brutal del empleo público” y agregó que “se está hundiendo la clase media”, convirtiéndola en una población en riesgo social con “las medidas del tijeretazo” del PP, apuntó.

MALA GESTIÓN

Durante su turno de palabra, la diputada del Grupo Parlamentario Popular María Dolores Bolarín aclaró que el Gobierno y su grupo parlamentario “están trabajando para salvaguardar el bienestar y los derechos fundamentales de los ciudadanos”, pues “las políticas sociales habían sido desfiguradas por su mala gestión” durante el gobierno socialista, afirmó.

Desde la perspectiva de Bolarín, los populares trabajan “más con menos”, mientras que a los socialistas “no les importa” si se paga o no, pues “ya lo harán los que vienen detrás”, agregó.

Por eso, la diputada defendió que suelo social que propone el Gobierno puede concretarse en “la reforma de ley está haciendo del Sistema de Dependencia un modelo sostenible”, pues “en un país es crucial tener una buena gestión que cubra las necesidades de todos los ciudadanos”, añadió.

Desde el Grupo Popular se defendió también que “el buen gestor en nuestro país se llama Rajoy”, porque, entre otras medidas, está impulsando políticas “enfocadas a crecer y crear empleo”, como “la mejor manera de luchar contra la exclusión social y por la igualdad de oportunidades”

En representación de La Izquierda Plural el diputado Gaspar Llamazares defendió una serie de enmiendas a la propuesta socialista, motivadas, en su opinión, porque las medidas actuales del Gobierno “que tienen que ver con la política de austeridad no se sanan con agua bendita, sino que hay que modificar de raíz las políticas”.

Llamazares avisó que aún “nos falta un recorte de 35.000 millones de euros”, lo que supondría, advirtió, “el colapso” de la economía española, mientras el gobierno está “aprovechando” la crisis para “cambiar el modelo” relativo a cuestiones como la sanidad, los servicios sociales y la Educación. Asimismo, entre las enmiendas propuestas, el diputado de La Izquierda Plural, defendió la necesidad de “constitucionalizar los derechos sociales, al nivel de los derechos civiles”.

El diputado del Grupo Mixto, Pedro Quevedo, mostró su apoyo a los socialistas pero lo hizo “con la boca chica”. Sin embargo, recalcó que “es necesario garantizar un mínimo de decencia en los servicios públicos en momentos en el que el empobrecimiento está produciendo la práctica desaparición de la clase media”.Quevedo añadió que “habría que reformar la Constitución para esta y unas cuantas cosas más”.

También se refirió a la reforma constitucional impulsada por populares y socialistas en 2011 la diputada del BNG Rosana Pérez, que además de mostrar su sorpresa pidió ante la Cámara “adoptar medidas que defiendan y apoyen a las personas y no a los mercados, que fueron los que impusieron aquella reforma de la Constitución que ahora estamos defendiendo”.

PACTO DE ESTADO

Durante su intervención, la diputada del PNV Isabel Sánchez reclamó un pacto de Estado que incluyese a las comunidades autónomas para atajar los problemas del Estado de bienestar, pacto que, según dijo, habrían respaldado.

Según Sánchez, el Gobierno debe dar “máxima prioridad” a preservar los pilares del estado de bienestar, pues “un país sólo avanza con la cohesión social”, a pesar de que el Partido Popular, “con la excusa de la crisis, ha lanzado un ataque contra el Estado de bienestar”.

La diputada se quejó de que la proposición no de ley contenía “gato encerrado” pues, en su opinión, fue “penoso” que socialistas y populares acordasen en 2011 modificar la Constitución “para fijar un techo de déficit”, modificación que “invade las competencias de las comunidades autónomas”.

Por su parte, el diputado de UPYD, Toni Cantó, defendió que el establecimiento de “un suelo social nos permitiría blindar los cuatro pilares básicos del estado de bienestar”, un suelo que se mantendría “a pesar de los vaivenes políticos y económicos”.

Es obvio que la crisis “está ahondando” en las diferencias que existen entre los españoles, “pero el tema competencial ha añadido otra brecha que es la territorial”, denunció. Para ello citó datos del índice de desarrollo de los servicios sociales que, según Cantó, constataba “graves diferencias” entre las comunidades autónomas: en unas se dedicó 773 euros por habitante y año y en otras, 120 euros, afirmó.

Finalmente, el diputado de CiU Carles Campuzano también recalcó como “un error” la citada reforma constitucional, alegando que “no es casualidad” que los constituyentes atribuyeran competencias sociales a las comunidades autónomas.

Campuzano destacó la labor de las “nacionalidades históricas” como el País Vasco y Cataluña, pues según argumentó, “el desarrollo del Estado de bienestar se ha producido por el impulso de los gobiernos autonómicos”. Por lo tanto, se opuso a la “recentralización de las políticas públicas” que, desde su punto de vista, se produce “cada vez que se cuestiona el Estado de bienestar”.