Aunque la propuesta de acuerdo sobre economía y empleo, presentada por el Gobierno, no fue aprobada finalmente debido a la abstención de las comunidades del PP, Rodríguez Zapatero se comprometió a asumir el texto en su totalidad.

En él, se recoge, además, la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad de la Política Agraria Común (PAC), garantizar la suficiencia de recursos comunitarios en esta línea y establecer una solución para el sector lácteo. Asimismo, el Gobierno se compromete a revisar la Política Pesquera Común para asegurar la viabilidad económica y medioambiental del sector.

El documento recoge el compromiso de abogar por una pesca responsable y sostenible, su integración en un contexto más amplio donde se contemplen otras actividades económicas vinculadas, y el impulso de un debate sobre el futuro del sector a partir de 2013. Además, se incluyó finalmente el desarrollo de un plan estratégico de recuperación de los caladeros que incorpore medidas de apoyo a tripulantes y armadores.

Asimismo, se insta a impulsar una estrategia para mejorar el aprovechamiento de los montes con actuaciones para prevención de incendios y gestión sostenible de los bosques, promover la generación de biomasa y biogas, y poner urgentemente en funcionamiento el Consejo Agroalimentario.

En torno al agua, el Gobierno se compromete a impulsar un acuerdo a nivel nacional con el objetivo de garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente a todas las poblaciones, así como a incluir en la próxima Conferencia de Presidentes un punto dedicado al agua y al cambio climático.

Sobre el cambio climático, la propuesta incluye el apoyo de las comunidades al Gobierno en la defensa de la Cumbre de Copenhague y el fomento de procesos productivos hacia una economía baja en carbono y menos intensiva en el consumo de recursos naturales.

DIRECTIVA DE SERVICIOS

En otro orden de cosas, el Gobierno se compromete a adoptar, en enero de 2010, el paquete de reformas necesarias para la plena efectividad de los derechos de libre acceso a las actividades de servicios, y presentará, en el segundo trimestre de 2010, un proyecto de ley de reforma del marco regulador de servicios profesionales.

En esta línea, el documento exige a las comunidades un compromiso para agilizar la reforma del marco legal para la trasposición de la directiva de servicios, a lo largo del primer semestre de 2010, estableciendo acuerdos de cooperación para hacer efectivas las decisiones de las comunidades a este respecto.

De este modo, el Gobierno se compromete a garantizar la efectividad de la unidad de mercado promoviendo la colaboración con las comunidades para facilitar el ejercicio de libertad de empresa en todo el territorio nacional; a mejorar los sistemas de defensa de las competencia eliminando prácticas abusivas en la búsqueda de pecios competitivos y a reducir las cargas administrativas que dificultan la actividad empresarial.

Finalmente, en torno a la necesidad de un nuevo modelo de administraciones públicas más estable y eficiente, el Gobierno apuesta por impulsar y desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, comprometer un proceso urgente e intenso de modernización e innovación de las administraciones públicas, reducir la temporalidad en el empleo público, fomentar su profesionalidad y desarrollar políticas de igualdad y no discriminación.