Así lo explicita el Ministerio de Asuntos Exteriores en la respuesta a una de las 24 preguntas parlamentarias que le planteó por escrito el Grupo Popular sobre la situación de los presos disidentes cubanos y a la que tuvo acceso Servimedia.

Exteriores asegura que su opinión favorable a la visista de la Cruz Roja ya ha sido transmitida a las autoridades cubanas que siempre se han mostrado "reacias" a facilitar este tipo de controles internacionales.

El Ejecutivo español sigue considerando que debe ser a través del diálogo político como se promueva el respeto a los derechos humanos en la isla y se propicie una homologación del sistema penitenciario al de los países democráticos.

El departamente que dirige Miguel Ángel Moratinos asegura en relación a varios presos en concreto, que está al tanto de su situación y que se preocupa, en especial, del estado de salud de los condenados y de la aplicación de ciertos beneficios penitenciarios.

En ese sentido, asegura que el Gobierno de España "evoca de manera sistemática la situación de los presos de conciencia en sus contactos con las autoridades cubanas" y de manera especial en las reuniones mantenidas en el marco del diálogo bilateral en materia de derechos humanos que se abrió en 2008.

El Ejecutivo informa que en casos como el de Víctor Rolando Arroyo Carmona está "dispuesto" a "abordar el caso de manera individualizada con las autoridades cubanas".

En cambio, las autoridades españolas dicen en el caso de la doctora Hilda Molina, a la que se le deniega el permiso de salida de la Isla, que hay otros muchos sanitarios a los que se impide abandonar Cuba por su condición de profesionales de la salud y no por "desafección al régimen".

Finalmente, Exteriores evalúa como alentador que el Gobierno cubano vaya a permitir la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y no considera "realista" la propuesta del PP de crear un sistema de cobertura humanitaria para prestar atención sanitaria en las cáreceles a todos los reclusos que lo necesiten.