Del mismo modo, el Sindicato de Estudiantes (SE) aseguró a los medios que el encuentro entre las asociaciones y el Ministerio de Educación “no fue una mesa de negociación, sino una mesa informativa”, donde simplemente se les informó de las medidas a adoptar.

Solo buscaba “hacerse la foto” y nada más, declaró el secretario del SE, Tohil delgado.

En nota de prensa, Canae insistió en que el proceso se ha efectuado “sin buscar un consenso político y social que le dé estabilidad a nuestra educación”, por lo que exigió la apertura de un “diálogo sosegado” a fin de alcanzar “un verdadero pacto educativo y social”.

“Una vez más estamos ante una reforma de partido, que en un futuro, ante un cambio de gobierno, volverá a ser modificada”, destacó.

Canae resaltó algunos puntos positivos en el borrador de la nueva ley, como los exámenes externos y la mayor autonomía de los centros.

Con todo, rechazó que “se valoren sólo los resultados del alumnado y se obvien el resto de factores” y que estas evaluaciones “tengan efectos académicos para la obtención de un título o la superación de una etapa”.

Esta propuesta “hace del proceso de enseñanza-aprendizaje una carrera de obstáculos”, y demuestra “estar más preocupada por los resultados del informe PISA que por una mejora sustantiva de la educación española”, subrayó.

Además, prosiguió, recoge “los principios y algunas propuestas de la fallida Ley Orgánica de Calidad de la Educación, como “la reválida, la segregación por itinerarios y la limitación de participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones, que tanto rechazo generó”.