La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación Española de la Industria Termosolar (Protermosolar) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), instaron al Gobierno a que preserve la seguridad jurídica entendiéndola en “su más amplio sentido, y no exclusivamente en el de la retroactividad”.

Es por la vía de la seguridad jurídica por la única que “España podrá mantener su credibilidad en el contexto internacional y la confianza de los inversores extranjeros y nacionales, para poder seguir soportando las necesarias iniciativas a favor del crecimiento económico”, apuntaron las renovables en un comunicado.

Asimismo, solicitaron al Ejecutivo que mantenga la “coherencia” en los planteamientos legislativos, y que “contemple y asuma” que la seguridad jurídica “debe reconocerse también en el debido respeto de las condiciones, circunstancias y garantías en que se han hecho las inversiones”.

En este sentido, recordaron que son las inversiones las que han permitido el desarrollo de tecnologías “que han situado a España en posiciones de liderazgo e indiscutible reconocimiento”, sobre todo cuando “los inversiones no concentran exclusivamente sus actuaciones en el ámbito energético”, sino también en otros sectores “imprescindibles”.

De esta forma, las renovables solicitaron al equipo de Mariano Rajoy que valore el impacto de reducciones de ingresos o cargas fiscales adicionales, “ya de por sí insoportables en el actual modelo energético renovable”.

Estas posibles circunstancias, apuntaron las renovables, unidas a los recortes “impuestos arbitrariamente por el anterior gobierno y la moratoria reciente”, pueden conducir “a una crisis financiera ya a la entrada en muchos casos en situaciones de insolvencia y morosidad”.