Ruz asegura en el auto hecho público hoy que de los 337.377.450 euros que los Ruiz- Mateos recibieron por parte de los inversores, “parte se destinó a inyectar liquidez en las empresas del grupo que en cada momento estuviesen más necesitadas y parte a devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo, pero, además, según los testigos y la documentación analizada, sirvió para pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos”.

El juez de la Audiencia Nacional señala que este presunto desvío de dinero fue descubierto gracias al testimonio y la documentación aportada por una persona a la que no se identifica en la resolución.

La investigación ha detectado listados “en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores” y que hacen sospechar que “probablemente hubo ciertas cantidades de dinero procedentes de inversores que no fueron declaradas a Hacienda”.

José María Ruiz-Mateos, su mujer, sus seis hijos varones y uno de sus sobrinos están imputados en la causa principal por la presunta comisión de delitos de estafa agravada y apropiación indebida en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones del holding de empresas del Grupo Nueva Rumasa. Esta captación de capital constituye para Ruz una “estafa piramidal”.

DINERO EN EL EXTRANJERO

El auto también sirve para destacar el movimiento del capital de los Ruiz-Mateos en lugares como Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza o Andorra. El juez señala además que todo parece indicar que “la famosa hucha de los Ruiz-Mateos” se encuentra en Suiza.

Ruz concluye que “parece más que evidente” que “un importante porcentaje del capital de las empresas que constituyen Nueva Rumasa y, por ende, la de sus administradores de hecho, se encuentra fuera de España”.

AMENAZAS A JUECES

El juez de la Audiencia Nacional también acusa de prácticas ilegales a Ángel Cabo, especialista en “reflotar o en su caso liquidar mercantiles que se encuentran en situación de crisis” y propietario de Back in Business, la empresa que adquirió la gran mayoría del Grupo Nueva Rumasa en septiembre 2011.

Ruz señala que Cabo, “para lograr el máximo beneficio”, llevaba a cabo estrategias que consistían en “la elaboración de documentos predatados, prácticas de extorsión, coacción y amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil y otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes”.

Sostiene además que Cabo, que ya está imputado en la pieza principal, “podría haber firmado un acuerdo privado” con José María Ruiz-Mateos para repartirse los beneficios que podría obtener de la liquidación de las empresas del grupo.