El Gobierno está en trámite de elaborar la nueva legislación pesquera con un paquete de cuatro nuevas leyes que afectarán a esta actividad. La primera es la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y las cinco ONG mencionadas se reunieron el pasado mes de julio con la Secretaría General de Pesca para evaluar el borrador del anteproyecto de esa ley.

La pesca es la actividad que más influye en la pérdida de biodiversidad marina, tal y como evidencian recientes evaluaciones científicas. Por eso, según las organizaciones ecologistas, la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera es "crucial para establecer una base moderna, sólida y eficaz para la gestión de la actividad pesquera en la próxima década y una oportunidad para facilitar una transición ecológica y justa de la pesca".

Las ONG reclamaron mecanismos de participación y transparencia en política pesquera, como promover comités participativos de gestión, asesoramiento o consulta, tal y como se establece en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

"En la última década hemos comprobado que el modelo participativo de gestión es el ideal y deseado por todos los actores involucrados para diseñar las medidas adecuadas y mejorar su cumplimiento. En el anteproyecto se establece que se pondrán en marcha este tipo de mecanismos. Sin embargo, esto no se ve reflejado específicamente en el articulado y nos preocupa que esto se quede en bonitas palabras y nada más”, apuntaron.

Para estas organizaciones, el anteproyecto de ley apenas contempla los planes plurianuales de gestión, herramienta esencial para alcanzar los objetivos de conservación y gestión europeos a nivel de las particularidades regionales o locales de cada pesquería, y carece de ambición en la recopilación de datos, por ejemplo, de pesca incidental de especies vulnerables o en peligro.

Además, apostaron por un reparto de cuotas que incentive las mejores prácticas ambientales y sociales, es decir, que se apliquen criterios ambientales y sociales en el reparto en beneficio de los buques pesqueros que utilicen artes de pesca más selectivos, con un reducido impacto ambiental, bajo consumo de combustibles fósiles o menores daños al hábitat y especies o que apliquen mejores prácticas sociolaborales.