El paper ‘Las siete pruebas de la gestión de fondos europeos’ destacó los criterios para el reparto territorial de los Fondos Next Generation EU como una de las dificultades a las que se enfrentará la administración para la “ejecución y aplicación” de los fondos basándose en lo ocurrido con anteriores repartos de fondos provenientes de la Unión Europea. También propuso algunas “actuaciones” que puedan “ayudar a mejorar esta gestión”.
El autor del estudio, el economista y co-director del Observatorio de Fondos de EsadeEcPol Manuel Hidalgo, indicó que la asignación de los últimos Fondos Feder no siguieron ningún análisis previo "de necesidades y estrategias de inversión a nivel nacional o regional” y que, siguiendo los mismos criterios que utiliza la Comisión Europea para repartir los fondos, “Aragón, las dos Castillas o, especialmente, la Comunidad Valenciana estarían infrafinanciadas”. Al menos “6.000 millones”, además, fueron repartidos aleatoriamente.
Ante la posibilidad de que esto se repita con los fondos de recuperación, el informe plantea la “creación de comités de expertos compuestos por técnicos de dentro de la Administración y de fuera de ella" con el objetivo de que "puedan valorar los programas nacionales y regionales y lo traduzca en necesidades reales a los criterios objetivos”.
En segundo lugar, Hidalgo señala que “el reparto se hace, en buena parte, bajo criterios políticos”, es decir, “por ministerios o consejerías”, lo que resulta en un “reparto de equilibrios que busca no incomodar a ningún actor político”.
Por ello, el economista plantea “la elaboración de un programa de inversiones llevada a cabo por órganos que evalúen necesidades e inversiones pertinentes a partir de informes de evaluación previa". Unos informes que, aunque no sean vinculantes, sean “discutidos” en los parlamentos.
Asimismo, Hidalgo destaca que “la necesidad de presentar resultados” por parte de los políticos genera nuevos incentivos que acaban provocando que los proyectos se elijan “en función de la necesaria rapidez en la ejecución y certificación y menos por la capacidad que tengan dichos proyectos de establecer nuevas bases para el crecimiento”.
Como posible solución, el informe apunta la posibilidad de “elevar los compromisos adquiridos con presupuestos plurianuales, así como el de garantizar la financiación, incluso por ley, a largo plazo de programas o proyectos que sean considerados especialmente sensibles a estas limitaciones, incluso con financiación propia”.
Relacionado con ello y en otro punto, el economista lanza la propuesta “imprescindible” de “profesionalizar los mandos intermedios y alejarlos de los incentivos políticos”.
Respecto al control, Hidalgo resalta que la falta de una formación específica por parte de los funcionarios llevará a un “exceso de celo” con el que “cabe anticipar que no pocos proyectos y reformas contempladas” se paralizarán “por aspectos menores”, algo que “puede sesgar, por lo tanto, la tipología del beneficiario a aquellos que tienen mayor capacidad de asumir los costes que puede implicar la recepción de ayudas o subvenciones”.
El economista resalta también que la gestión de los fondos de recuperación será más “exigente” que los otros fondos recibidos, lo que puede generar “un desequilibrio entre departamentos o empleados públicos que gestionan y no gestionan fondos europeos”, lo que provocaría “desincentivos” que pueden limitar el éxito de la gestión.
Otro problema es la posibilidad de que los fondos terminen cubriendo “necesidades presupuestarias que no tienen por qué adecuarse a la eficiencia de la estrategia de inversión”. No obstante, Hidalgo señala que, en el caso de los fondos de recuperación, “esta posibilidad es menor, dado que los gastos y las inversiones están muy identificadas inicialmente por partidas presupuestarias y proyectos”.