El ministerio público ha tomado esta decisión tras la reforma del Código Penal aplicada tras la aprobación por las Cortes Generales de la Ley de Eutanasia, que ampararía el comportamiento de Hernández al estar en uno de los supuestos que contempla esta nueva normativa.

La Fiscalía entiende que esta ley supone "el reconocimiento legal del derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal".

El informe de la Fiscalía diferencia entre “requisitos y procedimiento” y concluye que "el carácter disvalioso de los actos de cooperación al suicidio no puede hacerse depender de la efectiva tramitación administrativa seguida al objeto de lograr el reconocimiento del derecho", sino "de la efectiva concurrencia de los presupuestos materiales que permiten afirmar su nacimiento y titularidad".

Por tanto, considera decisivo valorar si, de haber estado vigente la ley de eutanasia en el momento en que se produjo la muerte de María José Carrasco, se hubiera activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir, asegurando que en este caso concurren los requisitos para que Hernández no debe ser objeto de reproche penal.