El magistrado ha requerido a los diez encausados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.

El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.

Anticorrupción solicita siete años de prisión para la que fuera esposa de Fabra, su descendiente y el marido de ésta; 11 para el hijo procesado; cuatro años y siete meses para el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo Fernando Roig Negueroles; y nueve meses para el propietario de Facsa, Enrique Gimeno.

El auto de procesamiento señala que la familia Fabra urdió un plan para ocultar ingresos y bienes patrimoniales y evitar el embargo judicial para satisfacer los 920.000 euros que el expresidente de la Diputación de Castellón le adeuda a Hacienda, tras ser condenado por delitos fiscales.

El juez ha detectado ingresos en efectivo por más de 2,7 millones de euros en las cuentas de Fabra que, además, tuvo abonos bancarios brutos superiores a los 26 millones de euros. Fabra había recibido comisiones de empresarios camuflados como préstamos personales entre particulares u opciones de compra sobre inmuebles.