Dicho manifiesto, que ha sido suscrito por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, CUP, Juns Per Catalunya, Más País, BNG, Compromís y Nueva Canarias llega en un momento de máxima tensión en el Gobierno de coalición por la negociación de esta ley, que debería haber sido aprobada en febrero.

En concreto, el manifiesto exige la regulación estatal de los alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio.

En el desarrollo de esta demanda, los partidos firmantes sostienen que “es necesario que disminuyan los precios del alquiler a precios ajustados a la mediana de ingresos de los hogares, e impedir subidas que supongan dedicar al alquiler más del 30% de las rentas del trabajo”.

Además, señalan que “esta limitación de los precios del alquiler vendrá recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sin menoscabo de poder mejorarse en las legislaciones propias de las comunidades autónomas, respetándose en todo caso el mínimo establecido por la LAU”.

Otras exigencias recogidas en el manifiesto son que se fije un porcentaje mínimo del 30% de vivienda social en alquiler en toda promoción, que no se permitan los desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores.

Asimismo, el manifiesto advierte de que “tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho en todo el territorio”.

Por todo ello, los grupos aseguran que no dejarán escapar "la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”.