Así lo afirmó en un comunicado en el que se hizo eco de que, tras la publicación de la nueva ley de educación española, los sindicatos autonómicos se han reunido recientemente para hacer un primer análisis sobre la afectación de la ley respecto a la Formación Profesional y su profesorado.

“En esta línea, se hace evidente que el texto definitivo mejora considerablemente los borradores anteriores, pero contrariamente a nuestra propuesta, la ley no protege a todo el profesorado que imparte formación profesional reglada. Al contrario, relega este tema al desarrollo reglamentario de la Ley pasando la patata caliente a las comunidades autónomas y a la negociación sindical, inexistente hasta ahora”, denunció la organización.

Por ello, la Confederación STEs-i advirtió de que “continuará luchando para que ni un solo docente pierda su puesto de trabajo ni sus derechos adquiridos, y para que los diferentes agentes sociales tanto públicos como privados intercedan por una reglamentación de la Lomloe positiva que ponga en valor el servicio de todos los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos imparten docencia en la Formación Profesional”.

Por otra parte, y en relación a los procesos selectivos de acceso a la función pública docente que actualmente se están activando, STEs-i entiende que “queda claro que la normativa vigente que imperará a partir de la entrada en vigor de la Lomloe, el 20 de enero, será ésta y el Real Decreto 276/2007, de acceso a la función pública, en tanto no se redacte, apruebe y publique otro nuevo”.

Por ello, denuncia la confederación, “en estos momentos, miles de docentes con titulación superior no universitaria cuyas titulaciones hasta esta fecha habían sido consideradas equivalentes a efectos docentes, podrán continuar presentándose al proceso selectivo”.

Por su lado, agregó STEs-i, se entiende que cualquier titulado universitario (diplomado o licenciado) podrá presentarse a cualquier especialidad docente (a las especialidades del cuerpo de secundaria también se requiere el máster docente), lo que obligará a las comunidades autónomas a modificar sus correspondientes resoluciones de convocatorias de oposiciones a los cuerpos docentes para adecuarlas a esta nueva circunstancia.