En sus propuestas electorales, CiU incluye medidas para defender y promocionar el catalán en el resto del Estado y a nivel internacional, como el derecho a presentar en catalán "cualquier documento a la Administración del Estado, sin necesidad de traducción".

Además, asegura que "garantizaremos el derecho de los ciudadanos a utilizar el catalán y ser atendidos en cualquiera de las lengua oficiales en sus relaciones con las administraciones públicas, incluida la estatal, la Administración de Justicia, el notariado y los registros públicos".

Promover el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos de la Administración General del Estado o sus páginas "web", y publicar la publicidad institucional en la lengua del diario, televisión o emisora en que se emitan son otras de sus propuestas.

Insiste también en que los documentos públicos que emite el Estado, com el pasaporte, el libro de familia, la tarjeta de residencia o el permiso de trabajo, vayan en catalán cuando sean para ciudadanos de esta comunidad.

CiU aboga además por establecer, mediante un nuevo Estatuto, que "todos los catalanes tengan el deber de conocer las dos lenguas oficiales y el derecho de usarlas indistintamente de acuerdo con la ley, y sin poder alegar desconocimiento con validez jurídica".

Asimismo, plantea que "todos los ciudadanos tienen también el derecho de ser atendidos en calquiera de las dos lenguas oficiales en todos aquéllos servicios y prestaciones que se ofrecen al público".

SIN MINISTERIO DE CULTURA

En su propuesta cultural y lingüística, CiU reitera que pedirá la supresión del Ministerio de Cultura, porque la atribución de las competencias en este campo a la Generalitat hace innecesaria su existencia, y la creación de una Secretaría de Estado con funciones de coordinación.

Reclama también competencias exclusivas para la Generalitat en materia cinematográfia, de artes escénicas y todo tipo de espectáculos, libros, prensa y publicaciones.

Por otro lado, pide la participación de la Generalitat en las instituciones internacionales y comunitarias, que el Ministerio de Asuntos Exteriores dé cabida a organismos de las comunidades dedicados a difundir su cultura, y reconocer el catalán como lengua oficial en la UE.

También quiere asegurar la financiación del Estado a las infraestucturas culturales catalanas, potenciar las ayudas a la edición de libros en as distintas lenguas, impulsar la creación de un canal europeo de televisión pública con sede en Barcelona, y fomentar el pluralismo lingüístico en la producción audiovisual y musical.

En cuanto a la defensa del "patrimonio catalán", reclama, entre otras medidas, la competencia exclusiva en esta materia, la transferencia de sus archivos históricos, y el retorno de los documentos confiscados tras la Guerra CiviL.