De Andrés explicó que la primera de ellas está relacionada con una indemnización determinada por una sentencia a favor de un adjudicatario por valor de un millón de euros. “Todo ello deriva de la contratación de la gestión de los servicios ‘wellness’, iniciados por el Gobierno socialista, que se iban a poner en marcha en el antiguo edificio Hermanos Laguna, donde se adjudica una empresa, pero el servicio nunca se puso en marcha porque el Partido Popular decidió no acabar esa obra”.

La alcaldesa recordó que “al ser imposible el objeto del contrato, la empresa adjudicataria acudió a los tribunales que han reconocido un lucro cesante de casi un millón de euros”, tras lo que añadió que “el Gobierno del PP tampoco hizo una buena gestión en los tribunales y no fue capaz de oponerse de forma clara para defender los intereses del Ayuntamiento”.

El segundo de estos casos afecta al ámbito de Fuente Cisneros y está relacionado con la adquisición del suelo para la construcción de un parque para construir un centro cívico. “En este ámbito había un acuerdo con los propietarios para la adquisición del suelo, para que se indemnizara con una permuta de otros terrenos en Ventorro del Cano”, comentó.

Sin embargo, continuó, “el PP, a pesar de estar aprobado en Junta de Gobierno Local, decidió no ejecutar ese acuerdo y no compensar al propietario del suelo, lo que ha supuesto que evidentemente el propietario acudió a los tribunales y ahora nos condenan a un pago de casi cinco millones de euros en este sentido, una cantidad que se podría haber evitado con la permuta de terrenos tal y como estaba aprobado”.

Además, existe otro caso derivado de una expropiación en Las Presillas “por un importe muy importante, de 18.258.238 euros como mínimo, ya que se trata de una estimación ya que está en proceso de peritación”.

De Andrés indicó que “la adquisición del terreno estaba condicionada al desarrollo de la zona norte del municipio: se iba a igualmente a indemnizar a los propietarios de este suelo con el aprovechamiento que se iba a producir en el norte”. No obstante, incidió, “debido a la inacción del Gobierno del PP para defender los intereses del municipio y de personarse incluso en el procedimiento sobre la modificación de los terrenos del norte, decidieron no hacerlo y ahora hay que indemnizar a estos propietarios del suelo”.

La alcaldesa explicó que otra sentencia está relacionada con el PP8 y asciende a casi dos millones de euros. La regidora señaló que el PP “volvió a realizar una adjudicación para urbanizar el PP8 tras anular los trabajos que ya estaba realizando una empresa en este sentido”. Por ello, “con esta modificación ha habido que indemnizar a los que estaban promoviendo esa construcción” y recordó que “el PP adjudicó una parte de la urbanización por un importe superior al establecido por el Gobierno socialista para urbanizar la totalidad”.

La alcaldesa lamentó que estos hechos están generando un “considerable gasto” al Ayuntamiento, por lo que “tenemos que habilitar partidas presupuestarias a final de año para recomponer toda esta situación”. De Andrés remarcó que “ este despropósito demuestra la nefasta gestión del Partido Popular en materia urbanística y en los tribunales”.