Esto será posible gracias al acuerdo suscrito este jueves entre el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz. También estuvo presente el decano del Colegio Notarial catalán, Joan Carles Ollé.

Según informó el CGN, el convenio de colaboración suscrito permitirá que el organismo antifraude catalán, que está vinculado al Parlamento de esta comunidad, podrá consultar las bases de datos notariales para prevenir casos de corrupción en esta comunidad autónoma.

El organismo catalán accederá a las Bases de Datos de Titularidades Reales (BDTR) y de Personas con Responsabilidad Pública, familiares o allegados de aquellas (BPRP) con el fin de prevenir e investigar posibles delitos.

“MEJOR INFORMACIÓN”

Las consultas a los archivos notariales quedarán limitadas a la investigación y examen de conductas presuntamente fraudulentas. El acceso se realizará bajo las condiciones de seguridad exigidas para un nivel alto de confidencialidad según la normativa española de protección de datos personales.

El CGN indicó que el convenio dotará a la Oficina Antifraude de Cataluña “de una mejor información a la hora de investigar casos concretos de destino ilegal de fondos públicos, aprovechamientos irregulares derivados de conductas que impliquen conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones confidenciales propias de cargos institucionales”.

Asimismo, según los notarios, esta colaboración permitirá “recomendar medidas contra la corrupción y otras prácticas fraudulentas que atenten contra la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública”. El organismo catalán incorporará así la información notarial a sus diversas acciones de intervención, como las visitas de inspección, las entrevistas personales o el acceso a las informaciones bancarias.